¿Las farmacias de barrio pueden desaparecer?

[Por Alejandro Wassileff] El jueves 26 de abril los farmacéuticos bonaerenses se están convocando para marchar a la gobernación y luego a la legislatura provincial. Es el tercer acto público que realizan los farmacéuticos en menos de un año, algo raro en una comunidad profesional que a veces  suele reclamar en los medios por el atraso en los pagos, a las autoridades o las obras sociales.

Pero desde diciembre de 2015, con la llegada de Mario Quintana a la vicejefatura de gabinete de la Nación, todo cambio radicalmente. 

Quintana inició en 2012 un juicio a la provincia de Buenos Aires para cuestionar la ley vigente que impide al fondo Pegasus, fundado por Quintana y propietario de la cadena Farmacity, desembarcar en la provincia de Buenos Aires, un territorio anhelado para consolidar su modelo de negocio.

La ley 10.606 establece que las farmacias en territorio bonaerense deben ser mutuales, también sociedades de responsabilidad limitada (una sociedad entre dos farmacéuticos) o sociedades en comandita (en la que se asocian un farmacéutico y alguien que aporta capital).

Si el fondo de inversión Pegasus adoptara cualquiera de estas figuras jurídicas, podría instalar una Farmacity en la provincia.

Entonces, ¿dónde está el problema?, además, ¿cuál es la diferencia entre Farmacity y cualquiera de las enormes farmacias que tenemos en el conurbano? La diferencia está en la propiedad.

El problema es que su modelo de negocios se sostiene con las sociedades anónimas y con estas personas jurídicas el profesional sólo se convierte en parte del trámite requerido para las habilitaciones. Es sabido que si el farmacéutico director técnico no alcanza los objetivos de venta que establece la empresa, es rápidamente sustituido por otro profesional.

Pero a Quintana le fastidia otra parte de la ley, la que obliga a establecer una farmacia a trescientos metros de otra y de acuerdo a la densidad poblacional. El espíritu de la ley es construir una red de farmacias equidistante, que facilite el acceso de la población a su medicamento, sobre todo en los lugares más alejados de los centros urbanos.

Así que, aunque Farmacity adoptara alguna de las figuras jurídicas reconocidas en la ley, debería abrir una sucursal allí donde hubiera lugar.

Cuando Quintana cuestionó la constitucionalidad de esta ley (patrocinado por su abogado Carlos Rosenkrantz, actual juez de la Corte Suprema de Justicia, igual que Horacio Rosatti quién trabajó con Andrea Gualde, directora del área jurídica de Farmacity), la justicia bonaerense le respondió que estaba equivocado.

Intentó en todas las instancias procesales y recibió la misma respuesta: …la ley provincial en cuestión regula a la farmacia, en general, como un `servicio de utilidad pública´, en mérito a los fines que persigue, a la vez que la conceptúa como una `extensión del sistema de salud´a través de la cual ciertos productos destinados al arte de curar deben necesariamente ser dispensados al público” (conf. arts. 1, 2 y 3 de la ley 10.606 y sus modificatorias).

Más aún, la propia Constitución bonaerense destacó que el medicamento, por su condición de bien social, integra el derecho a la salud, a la par que obliga al Estado provincial a asegurar la participación de profesionales competentes en su proceso de producción y comercialización, con el objetivo de garantizar su seguridad, eficacia y disponibilidad (conf. art. 36 inc. 8). (Ver extractos del fallo).

Todo parecía ir bien con esa ley parida en el 87, con una cámara multipartidaria y que fue mejorando con los años. Pero entonces ganó Macri.

Ya convertido en funcionario, Quintana elevó una queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tradicionalmente rechaza analizar los casos que provienen de empresas privadas y menos cuando sus pares provinciales ya han fallado. Pero… esta vez tomaron la queja, a pesar de tratarse de un tema que la provincia no ha delegado a la Nación.

Aquí comenzaron las movilizaciones farmacéuticas, primero un abrazo a la Corte, luego una presencia frente a la Procuración General de la Nación, cuyo responsable interino emitió un dictamen que generó escándalo en el mundo político/judicial, ya que le entregó su aval al desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires, justo el mismo día que Quintana declaraba en la tele que vendería las acciones, ahora un poco más caras.

Por ahora los farmacéuticos mantienen su lucha y marcharán el próximo jueves 26 de abril a la gobernación para entregar un petitorio a Vidal y cuestionarán su silencio sobre el tema: “No es un tema que me interese” le dijo a Novaresio.

Luego irán a la legislatura provincial a respaldar un proyecto del diputado Lisandro Bonelli para blindar la ley vigente y evitar el desembarco de Farmacity en la provincia.

EL PRIMER FUNCIONARIO DE LA GESTION MACRI, PROCESADO POR LA JUSTICIA

Una denuncia penal de la Farm. María Isabel Reinoso, presidente de la Confederación farmacéutica Argentina y el Colegio de farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, derivó en el procesamiento de el ex secretario de Políticas, Regulación e Institutos del ministerio de salud de la Nación, Raúl Alejandro Ramos, por archivar expedientes que exponían a Farmacity a multas millonarias y se negó a sancionarla por violar regulaciones del sector.

La causa está en proceso.

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