El conflicto en la ciudad de Buenos Aires va en escalada. Frente a las tomas de más de diez escuelas, el gobierno de Larreta sube la apuesta. Intimida a las familias y judicializa el conflicto. El Ministerio de Educación porteño reclamará a las familias de los alumnos involucrados el pago de $1,5 millón por cada día de toma.
Las y los estudiantes reclaman contra el desfinanciamiento, la falta de inversión en infraestructura, las prácticas laborales obligatorias en emperesas, entre otros puntos. Varios denunciaron que patrulleros de la Policía de la Ciudad se presentaron en sus domicilios particulares.
«Las escuelas hoy están viviendo una realidad y es que la educación ya no aguanta más en estas condiciones. No aguantamos con pibes muriéndose por desnutrición. No aguantamos más con infraestructuras que no sostienen las escuelas. Se caen los techos. Están llenas de goteras. Si llueve no se puede dar clases. Todo el equipo mobiliario queda arruinado. Tenemos que pagar los arreglos a pesar de que es una falla del Ministerio de Educación», expresó Eliana Marín, vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Cerámuca N°1.
A partir de la toma del Mariano Acosta el viernes pasado, se sumaron el colegio Esnaola, el Lengüitas, el Padilla, el García Lorca. También el Cortázar, la Pugliese, la Falcone, el Normal 8, la Escuela Superior de Cerámica, el de Artes Visuales Rogelio Yrurtia, el Avellaneda y el colegio universitario Carlos Pellegrini.
«Las tomas van a seguir», afirmó Eliana, al mismo tiempo que reclamó una instancia de diálogo con la Ministra Acuña.
Criminalización de la protesta
Frente a la medida de fuerza, el gobierno de la Ciudad decidió penalizar a padres y madres de estudiantes. A través del Ministerio de Educación realizó denuncias ante la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal. La causa quedó a cargo de la fiscal María Laura Presedo. La notificación llega a las familias a través de efectivos de la policia de la Ciudad.
La decisión generó un amplio repudio. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron el «protocolo anti toma». En este sentido, consideraron «que es una resolución que intenta atemorizar a madres y a padres para restringir el derecho al reclamo». Efectivamente, en la Ciudad rige un protocolo para impedir las tomas estudiantiles. En rigor, lleva el nombre de «Protocolo de Ingreso a los Establecimientos Educativos de la Ciudad de Buenos Aires». Se aprobó el 28 de marzo de 2018 a través de la Resolución 86/2018 del Ministerio de Seguridad de la Ciudad.
El organismo también rechazó la persecusión a las familias. «Hostigar a familiares por teléfono achacándoles responsabilidad civil o penal implica una limitación ilegítima de los derechos de les adolescentes».
En cuanto a las causas judiciales iniciadas contras las y los adultos, el CELS sostuvo que es «jurídicamente inadmisible e irrealizable en forma masiva».
Por su parte, Eduardo López, Docente y Secretario General de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que «el Gobierno porteño quiere resolver conflictos con un protocolo policial, cuando lo que hay que hacer es respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes».
También se manifestó la Coordinadora Contra la Represión Political e Institucional (CORREPI). En un comunicado, el organismo alertó por «una escalada en la narrativa, donde los sectores de derecha y ultraderecha han encontrado mecanismos para posicionar cualquier actividad o medida de lucha en pos de establecer pisos mínimos de dignidad o defender derechos ya conquistados, como hechos violentos que atentan contra el orden público».
