La Provincia de Buenos Aires dio por terminado el convenio  de colaboración que regulaba junto al Estado nacional el cálculo y la distribución de los subsidios al transporte público en el AMBA. La decisión del gobierno de Axel Kicillof, oficializada en el Decreto 875/2026 en el Boletín Oficial, implica que la Provincia asuma exclusivamente la gestión de las compensaciones tarifarias de las líneas provinciales y municipales.

Tareas vinculadas con el Atributo Social de la tarjeta SUBE, las compensaciones por gasoil a precio diferencial y las comisiones del sistema, que previamente eran de cooperación nacional pasaron a ser completamente administradas por la Provincia.

La normativa obliga a las empresas, con el objetivo de garantizar el “uso correcto de los fondos públicos”, la presentación de rendiciones de cuentas cuatrimestrales para detallar el destino de los subsidios percibidos. Además, se establece un esquema de penalidades progresivas para aquellas compañías que incumplan con la presentación de la documentación en tiempo y forma. En un principio la falta implica una retención del 10% de las compensaciones, que luego de 30 días subirá al 50% y en caso del incumplimiento se extienda durante 60 días alcanzará el 100% de los fondos. 

El convenio finalizado había comenzado a regir en diciembre de 2018. Mientras el Estado provincial transfería los recursos correspondientes a las empresas prestatarias, el entonces Ministerio de Transporte Nacional calculaba y liquidaba las compensaciones.