Por Silvia Binstock y Lucas Spinosa

El presidente Milei y su Ministro de Economía Caputo implementaron a días de su asunción una serie de medidas económicas y políticas con fuerte impacto en los ciudadanos, especialmente en los sectores populares y medios. Estas medidas fueron en tres líneas bien definidas: ajustes macroeconómicos relacionados al tipo de cambio, ajuste fiscal mediante el achicamiento del Estado y disciplinamiento social. Se sustentan en conceptos para nada novedosos como la teoría de los dos demonios, la doctrina del shock y la represión de la protesta social, buscando una transformación regresiva de la sociedad argentina en el mediano y largo plazo. En el corto plazo, es inminente el debilitamiento de los salarios, el incremento de precios, la reducción del consumo, quita subsidios a servicios públicos e incremento de tarifas, despidos masivos, alza de la pobreza y el amedrentamiento hacia cualquiera que se quiera manifestar contra este escenario desolador.

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A dos días de asumido el nuevo gobierno se lanzó un paquete de diez medidas con fuerte impacto económico y social, pero con la convicción por parte del gobierno que son necesarias e inevitables para llevar adelante un ordenamiento de las condiciones económicas de nuestro país. Una de esas medidas fue el incremento del tipo de cambio oficial en 119%, desencadenando un rápido aumento de precios internos, especialmente en los que componen la canasta básica y los combustibles. En la misma línea, se redujeron las tasas de rendimiento de plazo fijos al 110%, lo que supone una licuación de los ahorros de la clase media al no acompañar las cifras de inflación. En términos de políticas públicas se suspenden las licitaciones de obras de infraestructura, se cancelan las que no iniciaron, y se reducen en una primera instancia los subsidios a los servicios públicos en un 35% para enero de 2024, proyectando más reducciones a lo largo del año.

El efecto inmediato de estas medidas recae principalmente sobre los ingresos de la clase que vive del trabajo en un momento del año en el que las negociaciones paritarias están fijadas desde hace unos meses, y en la víspera de las fiestas donde a la inflación cotidiana se le suman componentes estacionales. Como siempre, la problemática de los ingresos se profundiza producto de la heterogeneidad del mercado laboral argentino. Los sectores más dinámicos y con capacidad de absorción del incremento de precios, logran acuerdos que compensan estos saltos, dos ejemplos de ello son bancarios y aceiteros que lograron acuerdos por el 179% y 188%. Por el contrario, aquellos más vulnerables y rezagados ven congelados sus salarios, lo que genera una desigualdad social cada vez mas profunda. Para trabajadores y trabajadoras de la economía popular, el gobierno decidió el fin de la indexación del salario social complementario en relación al mínimo vital y móvil, para aumentarlo por decreto. Otro factor que tendrá un fuerte impacto en el poder adquisitivo del salario será el aumento de las tarifas de transporte y servicios públicos, que combinado con el incremento en el precio de los combustibles tendrá un efecto devastador no solo para trabajadores y trabajadoras, sino también para pequeñas y medianas empresas que verán afectados los costos de producción y logística.

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Para implementar las medidas que mencionamos es necesario un consenso social que evite un estallido. El pacto entre el gobierno y sus electores para alcanzar la libertad prometida exige sacrificio, pero ¿cuánto están dispuestos a soportar aquellos que vienen sufriendo hace larga data?

A medida que estas políticas de shock, es decir políticas agresivas de rápido impacto, sean implementadas, el deterioro en las condiciones de vida de la población irá transformando ese clima social, generando un contexto adverso para el gobierno entrante. En función de ello, necesitará aplacar la reacción popular con represión y violencia. El objetivo: una mayor concentración y transferencia de ingresos de los sectores populares y medios a los más ricos. No es casualidad que los primeros anuncios vayan en dirección a la criminalización y persecución de la protesta social y sindical, cualquier protesta pública que corte calles o rutas deja de ser un derecho para convertirse en un delito. En este sentido, el protocolo anti-piquete que anunció la ministra de seguridad a menos de una semana de asumido el nuevo gobierno busca perseguir e intimidar a todos los manifestantes y dirigentes sociales y sindicales habilitando el uso inmediato de la fuerza y detención. En este sentido, la CGT rápidamente sacó un comunicado pidiendo que se respete “el derecho constitucional de la libertad de expresión y la libertad sindical”. Por su parte, las organizaciones sociales a través de la UTEP también expresaron el rechazo al protocolo, aclarando que “pretender resolver el conflicto social con represión nunca ha resultado”, además mostraron la preocupación por las medidas de ajuste que “generarán más pobreza e indigencia”.

La experiencia de las últimas décadas mostró que cuando el poder político habilitó la represión en las manifestaciones, los resultados fueron grandes crisis políticas y sociales con violencia y muertes.

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Es preciso e indispensable para el campo nacional, si pretende volver a tener expectativas de poder, construir una nueva mayoría con imaginación política, unidad y consensos, y sobre todo con una perspectiva federal que tenga en cuenta todas las variedades que presenta nuestro territorio nacional, equilibrando las desigualdades, construyendo una Argentina grande y diversa.

Si algo nos dejó este proceso electoral es la necesidad de volver a construir un nosotros que aspire a construir un proyecto de futuro, teniendo en cuenta una nueva realidad que las organizaciones políticas y sociales no lograron interpretar del todo.

Nota del editorx: Al cierre de esta nota se dio a conocer el “decretazo”: el DNU craneado por Federico Sturzenegger para desregular la economía argentina y que profundiza lo mencionado en esta nota.