La Resistencia tiene su origen como barrio en el partido de Merlo, en el límite con Rafael Castillo. En octubre del año pasado, 450 familias sufrieron una brutal represión con gases lacrimógenos y balas de goma. Infantería avanzó en medio de la madrugada, sobre la intersección de la ruta 1001 y Conde. En aquel entonces, “desde el Municipio de Merlo nos dijeron que ese lugar no se podía expropiar porque era privado”, explicó a En Tránsito, Cintia, vecina y referente del Barrio La Resistencia”. Luego de esa primera represión, vendría una seguidilla de otras más. En total siete, en respuesta a la demanda de tierra y vivienda digna.
El predio donde actualmente está apostado ahora el barrio es un espacio abandonado detrás hipermercado Chango Más de Gregorio de Laferrere, a la altura de la ruta 21 y Carlos Casares. Esas tierras, donde podrían vivir más de mil familias, hoy funcionan como un basural.
En la mañana del lunes, efectivos de la bonaerense acudieron al lugar con la intención de repeler el intento de toma. En el medio de la represión, varias personas escaparon cruzando el arroyo Don Mario. La acción se repitió este martes. En total 14 personas fueron detenidas, entre ellas un menor de edad.
La represión también alcanzó al barrio La Palangana de La Matanza. “En estos momentos policías de civil, con armas cortas y largas, más policía uniformados están entrando ilegalmente a las casas del Barrio La Palangana”, alertaron en un comunicado las y los vecinos.
Éste se encuentra frente al predio donde el barrio La Resistencia pretende recuperar tierras. En el comunicado responsabilizaron por las consecuencias al gobierno municipal de Fernando Espinoza, a Sergio Berni y al gobierno provincial Axel Kiciloff.
El ataque policial sucedió a pesar de una mesa de diálogo de la que vecinos y vecinas participan con autoridades de La Matanza. “Les explicamos que el barrio La Resistencia está totalmente organizado. Allí queremos hacer escuelas, plazas, iglesias. Incluso para los barrios vecinos. Sin embargo, desde el Municipio nos dijeron que no quieren saber nada con esa zona porque se inunda”.
Desde la Coordinadora contra la Represión Policial en Institucional advirtieron que “una vez más, como en Guernica, la respuesta al legítimo reclamo por un derecho básico, por una vivienda digna, son los palos y las balas por parte de la ‘maldita policía’ del ministro Berni”. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, denunció el accionar del gobierno provincial y exigieron la inmediata liberación de los detenidos.
Los barrios populares y el derecho a la vivienda digna
A medida que las familias se enteran que un barrio se organiza por tierra, se unen otra más. Así lo explicó Cintia. Además, son organizaciones barriales, sociales y políticas que acompañan el reclamo por el hábitat digno a nivel nacional.
En Argentina existen más de 150 barrios en procesos inminentes de desalojo. Además otros 1.271 asentamientos no incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) podrían correr la misma suerte. Por eso, la actualización de la ley Ley 27.453 de Integración Sociourbana fue clave para proteger a estos procesos de organización barrial.
La ley nació al calor de la organización social. En octubre de 2018 la norma se sancionó bajo la forma de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. En ese entonces, obtuvo un apoyo unánime. El 29 de octubre pasado vencía la protección sobre los barrios populares.
La masiva movilización de la Mesa Nacional de Barrios Populares logró el 28 de octubre de 2022 su actualización. Además de declarar de utilidad pública a 1.176 nuevos barrios, se prorrogó la suspensión de los desalojos por diez años. También se declaró la emergencia socio urbana, ambiental y sanitaria. El objetivo es acelerar los procesos administrativos. A su vez, que las obras de infraestructura, de acceso a servicios, de tratamiento de los espacios públicos, el saneamiento y la mitigación ambiental lleguen más rápido.
