[Por Magui Funes*]
En Catalunya, el lunes 14 de Octubre arrancaba la mañana con la sentencia del Tribunal Supremo al proceso que condenó por unanimidad a 9 personas acusadas de sedición por su papel en el referéndum independentista -considerado ilegal por el estado español- y la posterior (y confusa) declaración unilateral de independencia. Las penas fueron de entre 9 y 13 años para el ex vicepresidente del Gobierno Catalán, la ex presidenta del Parlamento, varixs integrantes del mismo, y dos dirigentes sociales.
El proceso judicial arrancó en octubre de 2017, luego de celebrarse un referéndum de independencia que había sido avalado por el Parlamento de Catalunya mediante la aprobación de una “Ley de Referéndum de Autodeterminación”, resguardando de esta manera las acciones necesarias para que finalmente éste fuera vinculante y anticipándose a la contraofensiva judicial del Gobierno Español, ya que su sistema Constitucional no prevé la posibilidad de este tipo de consultas, contradiciendo el hecho de que el mismo Estado Español adhiere a códigos internacionales que sostienen el derecho de los pueblos a la libre autodeterminación.
La historia del pueblo catalán tiene sus vericuetos varios (como la de la mayoría de los pueblos “colonizados”), pero en los últimos diez años el reclamo por la independencia ha ido creciendo y desembocando en manifestaciones, acciones públicas y pacíficas, consultas populares y lo que llevó al proceso el referéndum del 1 de octubre. Para ese día, el pueblo catalán se preparó intensamente, ya que habían declarado inconstitucional la consulta y el Estado Español no cesó en sus intentos de frenarla. Durante la noche anterior se acampó en las escuelas y centros de votación para evitar que sean clausuradas; se organizaron clandestinamente para asegurarse de que las urnas llegaran antes de que fueran requisadas en los caminos; levantaron varias veces el sistema informático electoral que era jaqueado sistemáticamente por el gobierno español; y finalmente, se armaron auténticas barreras humanas para evitar que la Guardia Civil entrara y requisara las urnas llenas, situación que terminó en obvios desmanes cometidos por las fuerzas de seguridad hacia la población que defendía enardecida en todos los pueblos, de todas las regiones de Catalunya el derecho a ser escuchada.
La votación, con sus críticas y diferencias, determinó que del total del padrón votó el 43%, y de ese total el 90% de lxs votantes dijo SÍ a la pregunta “¿Querés que Cataluña sea un estado independiente en forma de República?”. Al terminar los comicios el entonces Presidente de la Generalitat (ahora exiliado en Bélgica) Carles Puigdemont celebró la Independencia y al instante, la dejó en suspenso para llevarla a una mesa de negociaciones con el Gobierno Español.
Esa esperada mesa de negociaciones, un espacio de conversación y escucha activa, de posibilidad de pensar nuevas formas de armar estados-nación, aún se hace esperar. Desde que se conoció la sentencia al proceso de independencia, no hubo un día en que la población no saliera a la calle a denunciar lo injusto y abusivo de la sentencia, declarada por reconocidxs juristas de todo el estado como un “disparate jurídico” o “una venganza hacia el pueblo catalán”.
Más de un mes de movilizaciones diarias: Desde el tsunami de gente que ocupó el aeropuerto el mismo día de la sentencia paralizando el movimiento turístico, la anulación de clases universitarias y de escuelas secundarias, hasta las acampadas de jóvenes en el centro de varias ciudades, los cortes de rutas, de vías y el de la frontera con Francia durante 3 días, hasta las cinco Marchas por la Libertad que confluyeron, después de recorrer a pie más de 100 kilómetros, se aunaron a la manifestación por la huelga general del viernes 18 de octubre y que convocó a 530 mil personas en el centro de Barcelona. También hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en varias ciudades y los conocidos “destrozos del mobiliario público”.
Varias generaciones de catalanxs, algunxs nacidxs en dictadura han tenido que callar su lengua y ocultar su cultura durante décadas, han participado activamente de las múltiples formas de manifestarse. Muchxs han optado por la no-violencia, por “apostar a empoderar a la ciudadanía, por no dejar las calles vacías ni las paredes en silencio siempre a favor de la autodeterminación, de la libertad de lxs presxs políticxs y de lxs exiliadxs y en contra de la represión”.
Tantxs otrxs “lxs nietxs de lxs republicanxs que no pudieron matar”, como decía una bandera, se han cansado de los estados que se llaman democráticos pero que en la práctica les es más fácil acallar las voces, ningunear los cuerpos, negar las realidades. El hartazgo también se muestra como respuesta a esa violencia simbólica (y física, porque las fuerzas represivas lo son en todos los continentes) con barricadas y fogatas en las calles, jóvenes denunciando con determinación “sin miedo, embriagados de impotencia y violencia”. Siempre es más fácil ver la paja en la calle ajena, ver el destrozo de vidrieras, las pintadas en las paredes, los días de clase “perdidos” que asumir la mentira de los gobiernos, lo dictatorial de sus acciones. Es más rendidor en las encuestas acusar de violencia a quienes tiran piedras, y no ver esas acciones como respuesta. ¿Cuándo se reconocerá la violencia ejercida por el estado al ningunear los reclamos de los pueblos, ya sea en Kurdistán o en Latinoamérica, o en Catalunya?
Los estados opresores se disfrazan de los mismos colores, tienen los mismos discursos negacionistas y violentos e intentan seguir adelante con sus topadoras ideológicas, todo lo vale para mantener el poder y el statu quo. Las preguntas sobre qué es la democracia, cómo se sostiene, o porqué los pueblos se rebelan, las dejan para los otros países, los no-desarrollados, mirando por tv con pánico y señalando con el dedito acusador la barbarie tercermundista.
El Estado Español no se permite plantear cómo en el siglo XXI aún sostienen reyes y princesas, celebran el 12 de octubre como el día de la Hispanidad y son capaces en nombre de la “unidad de España” de apaliar, reprimir y acallar. Ante las palabras y los votos, responden con castigo, cárcel y golpes.
Ante la solicitud real, constante, concisa de autodeterminación y libertad del pueblo catalán, el gobierno español se mofa de lxs políticxs, no atiende teléfonos ni acepta reuniones para sentarse a negociar. Reducen el conflicto político a los enfrentamientos, pidiendo más policía, más represión para reestablecer el orden. Su respuesta es clara: la unidad de España no se vota, ni se negocia. Se defiende.
En las calles, paredes, balcones, estadios de fútbol, plazas y bares se escucha el mismo grito que se repite incansablemente con determinación, orgullo y fuerza: ANTE LA SENTENCIA, INDEPENDENCIA!! LIBERTAD A LXS PRESXS POLÌTICOS!!!!
Para seguir investigando y conociendo del proceso de independencia catalán: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/1-o-cas-obert/video/5938806/
En Instagram @assembleacat y @omniumcultural
*Especial para FM En Tránsito desde Catalunya
