La Coordinadora Contra la Represión Policial e institucional (Correpi), publicó un informe que releva las situaciones de violencia policial e institucional ocurridas durante el transcurso de los 90 días de aislamiento social preventivo y obligatorio. Según el informe, el organismo recavó en estos tres meses casi 50 reportes con denuncias de violencias a lo largo del país de las diferentes fuerzas. Además registraron más de una docena de casos de gatillo fácil.
Al aire de En Tránsito, María del Carmen Verdú, integrante de Correpi, expresó que “desde el primer momento dijimos que si no se resolvían las cuestiones materiales y en cambio se sostenía el criterio del decreto de necesidad y urgencia del 20 de marzo de dejar en manos del aparato represivo el cumplimiento de la cuarentena lo que iba a suceder es lo que terminó sucediendo, más situaciones represivas y más sufrimiento para el pueblo trabajador”.
Desde Correpi, mostraron que hubo un recrudecimiento del accionar represivo en este último tiempo.“Lo que denunciamos en las primeras semanas eran los pibes o pibas obligados a hacer salto de rana, flexiones o desnudarse en los lugares de detención o las comisarías pero ahora ya estamos hablando de una desaparición forzada de persona en Tucumán y un incremento importante en estas últimas semanas de gatillo fácil“, alertó.
En ese sentido, reveló: “de los catorce casos que tenemos registrados durante la pandemia salvo casos muy específicos como el de Facundo Scalzo en el Bajo Flores o uno de los dos últimos casos de Berazategui de Diego Arzamendia, en los que estuvieron implicados personal de las fuerzas en actividad, en el resto, en doce casos eran miembros de las fuerzas de seguridad fuera de servicio pero con su arma reglamentaria”.
Por este motivo, “en este informe a 90 días volvemos a insistir con medidas urgentes que siguen pendientes” como la respectiva al uso de las armas reglamentarias del personal fuera de la actividad, mencionó y agregó que además incorporaron nuevos reclamos “como por ejemplo la derogación de la resolución 144 del Ministerio de Seguridad que es todo el protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad para llevar adelante el ciberpatrullaje”.
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