Los comedores comunitarios exigen que el gobierno nacional entregue las 5 mil toneladas de alimentos que retiene en un galpón. El juez federal Sebastián Casanello ya emitió una orden para que el Ministerio de Capital Humano distribuya los alimentos que están a punto de vencerse.
“El cinismo es enorme. Seis de cada diez niños, niñas y adolescentes no tienen para comer en los barrios. ¿Eso no es una tragedia?”, denunció en diálogo con FM La Uni Sergio Vargas, Coordinador de la Red de Apoyo Escolar y alertó que hay comedores y merenderos que no reciben alimentos desde diciembre. Vargas trabaja además en comedores comunitarios de Villa La Caba, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, San Martín, José C Paz y Moreno.
A la falta de entrega de alimentos, se suma el no pago de programas que sostienen el funcionamiento de estos espacios. Los comedores no están pudiendo comprar alimentos. “Por primera vez en 30 años, las cocinas de nuestros centros comunitarios van a tener que dejar de cocinar”, alertó. Según denuncian los comedores, desde el gobierno nacional no brindan precisiones sobre cuándo se va a regularizar esta situación.
Vargas alertó que “se avecina un panorama oscuro” y agregó que “no sé qué va a pasar si esto se alarga. En lo inmediato, vamos a organizarnos en los barrios. Estamos haciendo ollas populares y hablando con los vecinos. No estamos pidiendo limosna. Estamos defendiendo un derecho”.
La justicia falló a favor de los comedores
Recientemente, la justicia Federal ordenó la distribución inmediata de alimentos. El gobierno de Javier Milei se rehúsa a acatar el fallo y estigmatiza a los comedores comunitarios.
En declaraciones a En Tránsito, Natalia Maldonado, coordinadora del comedor “Otros Vientos” de Villa Udaondo, también manifestó su preocupación por los comedores. Además, contó que hay un incremento de la demanda. “En estos últimos dos meses empezaron a acercarse más familias. Hay mucha gente nueva retirando alimentos”.
A la vez, consideró que “es un papelón” que el gobierno nacional incumpla la orden judicial. “Estamos tratando de visibilizar que el trabajo que hacen las cocineras es trabajo y que es trabajo comunitario y de cuidado. En pandemia se encargaron de alimentar a un montón de personas. Hay poca sensibilidad. Sin alma y sin corazón. Tener toneladas de alimentos y no distribuirla, sabiendo que hay gente que depende de esa comida, que hay niños que dependen de esa comida. Quitar el derecho a la alimentación, es grave”, finalizó.
