Mientras Milei y su séquito siguen en su microclima twittero, empiezan a conocerse los primeros resultados de su política económica. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) estimó que la pobreza alcanzó al 57,4%, el valor más alto en los últimos 20 años. Entre las razones de esta disparada se encuentra la devaluación de diciembre y el aumento de la canasta básica de alimentos. Los índices de indigencia se ubicaron en un 15% sobre la población total del país.

En este marco, los comedores comunitarios denuncian la falta de alimentos. También mientras todo eso sucede, en el gobierno nacional hay un tire y afloje. Más precisamente, en la cartera de Sandra Pettovello, el Ministerio de Capital (in)Humano. En esta distopía en la que estamos metidos desde el 10 de diciembre, renunció el responsable de enviar alimentos a los comedores barriales. Se trata de Pablo Rodrigué, ex funcionario de María Eugenia Vidal y actual (o ya no) integrante de la Secretaría de Niñez y Familia que depende de Pablo de la Torre. 

La retirada de Rodrigué, incluso antes de asumir oficialmente, se produjo porque no había logrado sacar un camión con alimentos de los galpones del Ministerio. Otro revés para Pettovello, que no logra alinear a la tropa. También se le fue Agustín Sánchez Sorondo, quien oficiaba de director administrativo aunque no había sido designado para el cargo. La mismísima Iglesia Católica cargó contra Pettovello por no atender a los comedores gestionados por las organizaciones sociales. Primero hizo una “recomendación”, luego la cuestionó. El director de Cáritas y obispo de Quilmes, Carlos Tissera, consideró que “no es justo que se estén haciendo convenios con la Iglesia y no con otros servicios, programas o redes de comedores y que se le quite la comida a la gente”. Esto porque Javier Milei acordó con Cáritas la entrega de 310 millones de pesos para la compra de alimentos. 

Crisis en el conurbano

La ecuación es simple. Más crisis, menos comida. La situación en los comedores comunitarios del conurbano es grave. Al congelamiento del envío de mercadería por parte del gobierno nacional, se suma la insuficiente ayuda que pueden dar los Municipios. En este contexto, las organizaciones sociales son, una vez más, bastión de contención. Según el movimiento social Barrios de Pie, en Argentina existen 38.000 comedores comunitarios. 

“Un millón de pesos es lo gaste en enero en carne para cocinar durante un mes. En la última compra gasté 470 mil. Así que ya hicimos cuentas y no nos va a alcanzar para lo que queda del mes”. Viviana Reynoso integra el Kichari Huasi, un comedor comunitario de Hurlingham. La cuenta la hace sobre un millón de pesos que se le depositó en concepto de “refuerzo”.

Y la cuenta sigue. Porque de ese millón de pesos, también hay que pagarle a los proveedores que en los últimos tiempos vinieron fiando.  “Lo que sobre lo vamos a gastar en seco”, se refiere a alimentos como arroz o fideos. La realidad es que cada vez más personas se acercan a pedir un plato de comida al Kichari. Los $470.000 se fueron en cinco cajones de pollo, 20 kilos de carne de cerdo, 40 kilos de carne vacuna. Después, confían en que los comerciantes del barrio podrán fiar verduras hasta que puedan renovar el convenio con Nación. “Cada vez se está poniendo más difícil la cosa. No alcanza. Este año es imposible que podamos ayudar con útiles escolares a los pibes, para que arranquen las clases. La realidad es que no tenemos plata para eso”.

En Ituzaingó funciona La Pingüinera, que desde hace diez años gestiona un comedor y el centros recreativos Hora Libre, y es del Movimiento Evita. “Desde hace tres meses no estamos recibiendo la mercadería suficiente para cocinar. Lo que es seco, recibimos poco. Pero no recibimos ni carne ni verdura. Aparte tenemos que bancar la luz y la garrafa”, repasa Marcia Biase, referente de La Pingüinera. Actualmente, asisten a 120 personas. “Entre un 20 o 30%  son adultos mayores que vienen con sus cacharritos. A veces vienen con sus tupper y te piden 6 u 8 raciones. Pero ahí no entra la cantidad suficiente. Creo que para ellos es una tristeza ir a buscar la comida a un comedor”.

La situación que se vive en los comedores “es angustiante”. Así lo define Marcia. “Es triste porque hay familias que solo tienen una comida diaria. Por eso no hay que resignarse. Hay una obligación desde el Estado.  Yo creo que el desconocimiento o la arrogancia de parte del gobierno hace que todo esto suceda. No sé si tienen un total conocimiento de lo que sucede en los barrios”.

Otra de las preocupaciones está en la continuidad del Progresar. Mediante este programa se financia el trabajo de las mujeres que cocinan a diario para los comedores y los espacios recreativos del Movimiento Evita. “Es una situación muy angustiante sobre todo para las compañías que son responsables. Ellas cobran el programa y quieren laburar. Lo hacen con amor y con responsabilidad. Sienten que no están respondiendo a la demanda de los vecinos del barrio. Es muy triste para ellas”.