[Por Úrsula Asta, Romina Coluccio, Mercedes Monjaime, Myriam Pelazas y Chantal Stevens*] Fueron años en los que ingresamos como trabajadoras y/o funcionarias en el INADI, ex COMFER, ex CNM (que entre los tres conformaron el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión), la Defensoría del Público la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, organismos o espacios interinstitucionales que con historias más antiguas o más flamantes, desde sus especificidades, marcaron líneas para que la comunicación abandonara sus sesgos sexistas y exclusivistas.

Sin dudas, el gobierno neocolonial nos encontró desde otro lugar y con la convicción de que las trabajadoras y los trabajadores somos el sostén de esas políticas. Aquí, un comienzo.

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El Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión se creó como sugerencia de la propuesta Nº 208 del Plan Nacional contra la Discriminación (PNcD) del año 2005, que responde a la Conferencia Mundial en contra del Racismo, realizada en Durban, a la que Argentina había suscripto. La propuesta habla de “arbitrar los medios para ejercer un seguimiento y control estatal efectivos sobre formas y contenidos de los medios de comunicación estatales, privados, comunitarios e Internet que incluyan cualquier tipo de discriminación, prejuicio, burla, agresión y/o estigmatización”. Además, “sugiere crear un Observatorio de la Discriminación en los Medios de Comunicación Masiva dependiente del COMFER y, asimismo, crear un área específica dentro del INADI[1]”. La medida adquiría relevancia porque en esos días el joven Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) hacía visible su intervención respecto del cumplimiento de la Ley 23592[2] de Actos Discriminatorios. Sin embargo, los medios de comunicación parecían no tener en cuenta los alcances de aquello que difundían a través de sus discursos.

Entonces, a fines del año 2006, se conformó el Observatorio con la coordinación del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) -luego Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), hoy Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)- y la asistencia técnica del INADI. Rápidamente se incorporó el entonces Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) -luego Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), actual Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad– para asesorarlo según lo establecido por la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), también suscripta por la Argentina.

Asimismo, a lo largo de los años, otros organismos y algunas organizaciones colaboraron con el equipo de expertxs del Observatorio en la redacción de informes y/o capacitaciones con el objetivo de lograr una comunicación más inclusiva.

El Observatorio trabajó sobre los distintos ejes de discriminación, siendo la motivación por género la que se abordó con más frecuencia dado que era por la que se recibía mayor cantidad de reclamos a lo largo del tiempo. De manera que el análisis de discriminación en programas y publicidades logró ser un espacio de incidencia para reflexionar sobre la reproducción de estereotipos sobre las mujeres y géneros, y sobre la violencia mediática manteniéndose reuniones con productoras, agencias de publicidad, estudiantes y profesionales de la comunicación. Sus informes y monitoreos eran retomados y citados por algunos medios y por instituciones de formación en tanto su principal objetivo fue aportar un contra-discurso a los mensajes discriminatorios difundidos mediante los diversos medios de comunicación audiovisual, al menos hasta que fue desarticulado con la llegada del gobierno neoliberal a fines del 2015. 

Veremos qué sucedió con esas tareas y equipos al interior de cada uno de los organismos en los que estamos (o hemos) trabajado.

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El COMFER –históricamente asociado a la restricción a la libertad de expresión y a la censura- se transformó en AFSCA gracias a la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 (LSCA) durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que, a veintiséis años de restituida la democracia, ponía fin al decreto ley de la dictadura[3]. En ese marco, las cuestiones que venían siendo trabajadas por el Observatorio cobraron mayor relevancia[4] aunque ya habían adquirido resonancia mediática a partir del informe de la cobertura que distintos noticieros televisivos hicieron sobre las marchas en torno a las retenciones agrarias del año 2008 en tanto que sus abordajes se consideraron discriminatorios.

Tal discriminación se hacía evidente al hablar de “ciudadanos” y de “piqueteros” asignando legitimidad y trascendencia al reclamo de unxs y desmereciendo el de quienes parecían no formar parte de la ciudadanía. Para la realización de ese relevamiento, el Observatorio contó con la asistencia del área de Evaluaciones del todavía COMFER y, concluido el estudio, se invitó a lxs responsables de esas coberturas a reflexionar sobre ellas, aunque tal acción disparara noticias que asimilaban el espacio con un panóptico para limitar la libertad de expresión, estigmatizándolo como un ente autoritario.

Sin embargo, aunque cierta prensa hegemónica realizara esas caracterizaciones descalificatorias, el Observatorio seguía adelante con sus trabajos en pos de una comunicación más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos obteniendo mayor o menor resultado, según el caso. Entre los logros de esos días, podemos mencionar que los reclamos sobre lo que se consideraba discriminatorio en radio y TV crecían, mientras que académicxs y otro sector de la prensa miraban con mayor interés sus acciones e informes. Y, sobre todo los años que van desde 2012 a 2015, fueron de crecimiento y de concreción de capacitaciones a lo largo y ancho del país, así como de interacción con otros espacios institucionales[5], más allá de que los recursos económicos del espacio nunca hayan sido holgados.

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Ahora bien, al finalizar el año 2015, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia, Macri creó el ENACOM unificando la Autoridad Federal de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) y el AFSCA con el afán de dar marcha atrás a muchas de las políticas antimonopólicas desplegadas por ambos organismos.

Así, durante 2016, quienes éramos parte del Observatorio dentro de este nuevo organismo nos desempeñamos redactando informes sobre lo elaborado previamente, respondiendo demandas internacionales que solicitaban información al Estado en cuanto a, por ejemplo, discriminación religiosa, étnica y de género y capacitando a otras áreas del organismo. Sin embargo no volvimos a redactar nuevos informes, ni se nos permitió responder reclamos, ofrecer asesoramientos y sensibilizaciones en instituciones educativas, profesionales y sindicales, ni tampoco articular con otros organismos, es decir, justamente una de las condiciones de ser del propio espacio.

Silvana Giudici, como directora primero y luego como Presidenta del ENACOM, no simpatizó con un espacio que de alguna manera cuestionara las prácticas periodísticas generales, y en particular cuando se tratase de las de grupos monopólicos como los que la encumbraron en ese lugar. De la misma forma, que en el favor de estos grupos, destrozó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales.

Al cabo de un año y unos meses, parte del equipo fue desplazado hacia el Consejo Asesor para la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI[6]) y las áreas de Evaluaciones y Fiscalización. Mientras esos cambios al interior del ENACOM se concretaban, las integrantes del Observatorio que allí nos desempeñábamos, veíamos zozobrar nuestros puestos de trabajo y, cuando todas fuimos desplazadas, vimos cómo otras personas del organismo afines a la jerarquía del ENACOM comenzaban a conducir el Observatorio como un sello vacío y ya no se incidió en políticas públicas que dieran respuesta y derechos a la ciudadanía.

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Algo semejante pasaba en el INADI. En su página web podía verse que mantenía como una de sus áreas al Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Sin embargo, se fueron dejando de promocionar los datos para reclamos de discriminación en radio y tv, los mensajes que continuaban llegando no se respondían, los informes que lxs trabajadorxs realizaban no eran leídos por la coordinación  y mucho menos se citaba a las productoras de radio y tv o a las agencias de publicidad para repensar sobre las conductas discriminatorias que reproducían, como así tampoco se estimuló la capacitación en discriminación, violencia simbólica y mediática desde esta área. Mientras el espacio se vaciaba, trabajadorxs que a lo largo de casi una década habían trabajado en el área se mudaban a otras porque el espacio aparecía como meramente burocrático en un momento en el cual justamente la discriminación se hacía más brutal.

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 Como se señaló, el entonces CNM, luego INAM, ahora Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, integraba el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión articulando y llevando adelante una tarea que tenía que ver con atender los reclamos en materia de violencia simbólica y mediática, redactando recomendaciones, reuniéndose con medios de comunicación, productoras, publicistas, en universidades e integrando tareas de investigación y difusión con los otros organismos que integraban el espacio.

No obstante, como organismo rector de la Ley 26.485 de la Ley Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2009), que definió no sólo qué significa violencia contra las mujeres en el marco regulatorio argentino, sino también atendiendo a la existencia de distintos tipos de violencia contra las mujeres (física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica) y modalidades en las que la violencia machista se perpetraba (doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática)[7], el entonces Consejo Nacional de las Mujeres incorporó la perspectiva de género en múltiples temáticas que el Observatorio atendía. Tal es el caso del spot “El indio no duda” de vino Bravío, con fuerte implicancia sobre las comunidades originarias, pero también en relación al lugar que se asignaba allí a las relaciones de géneros.

Otros casos incluyen, por ejemplo, que en noviembre de 2011, varias notas dieran cuenta del análisis de los avisos publicitarios de cerveza Schneider “Hermana” y “Segunda” que estableció que ambos spots conllevaban una descarnada cosificación de las mujeres y que ello configuraba violencia mediática, repercusión tras la cual la marca decidió quitarlos del aire. Desde entonces se multiplicaron las capacitaciones en y para agencias publicitarias. Días atrás, casi una década más tarde, sucedió lo mismo con Brahma, aunque la rápida reacción del público motivó una respuesta de la empresa con la misma celeridad que el debate se instaló.

Entre otros aspectos, también se dio cuenta de cómo eran representadas en la TV las trabajadoras de casas particulares a través de un monitoreo en el cual se hacía especial mención sobre las tareas de cuidado que hoy están en la agenda pública, pero que hace siete años era un tema poco extendido más allá de ciertos ámbitos académicos y sindicales. Por su parte, en el año 2013 el Observatorio redactó un Monitoreo sobre violencia contra las mujeres en los noticieros que, entre otros méritos, fue retomado por el Informe de la CEDAW de 2014 y que fue uno de los materiales de las capacitaciones.

Una vez surgida la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, también se articularon tareas con ese organismo, sobre todo en lo relativo a la capacitación. Entre otros casos de articulación con espacios no sólo gubernamentales, se lanzó -junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata- del E-Book de la Red de Observatorios de Comunicación y Género de Argentina denominado “Experiencias en comunicación y género: continuidades, rupturas y perspectivas en la coyuntura actual”.

Sin embargo, el espacio de Observatorio, desarticulado por la falta de interés de la gestión macrista en los organismos que lo conformaban, mutó en el CNM gracias al empuje de quien había participado de esta experiencia previa. Así surgió el capítulo/observatorio de violencia simbólica y mediática en el marco del INAM, tras reuniones con las trabajadoras del área administrativa para establecer posibles mecanismos de respuesta y envío de notificaciones. Nunca llegó a formalizarse en estructura de Observatorio y, con reducidísima capacidad operativa, el espacio logró emitir respuesta ante reclamos, retomó algunas recomendaciones del Observatorio de la Discriminación y mantuvo algunas reuniones con canales. Junto a las trabajadoras del Observatorio de la Violencia del mismo organismo se logró realizar una investigación sobre la representación mediática de las maternidades en portadas de revista y elaborar un monitoreo de la representación y paridad en noticieros durante la última campaña electoral junto a lxs trabajadorxs de la Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales.

Aunque esto es sólo una pincelada de lo acontecido, es de relevancia destacar otro hecho que atraviesa comunicación y géneros, esta vez de 2017. Cuando se eliminó el Fútbol para Todxs, que permitía que en cada hogar pudieran verse los partidos, se quitó también la difusión de la Línea 144 (de contención, información y asesoramiento para la violencia de género) que aparecía en los comerciales de los partidos. Lxs trabajadorxs que operan la línea de atención coincidían en cómo esto había influído en el caudal de llamadas durante los partidos por consultas de violencia de género por parte de las mujeres.

Consultadxs algunas de esas personas para este artículo, lo recordaron e incluso contaron que en el llamado, en ocasiones, había una referencia explícita a que habían visto el anuncio en el fútbol. ¡Ello da cuenta de cómo una política destinada a otro fin, cuando es articulada, puede generar un efecto de concreción real en la vida de las personas y de presencia del Estado en distintos sentidos! Al mismo tiempo, esto reafirma que lxs trabajadorxs sostienen, conocen y son una fuente fundamental de consulta para la planificación y ejecución de las políticas.

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Audiencias desprotegidas: La Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales, organismo de derechos humanos especializado en comunicación, se funda en noviembre de 2012 con la misión de promover y proteger los derechos de las audiencias de la radio y la televisión argentina. Inédito en el mundo se crea a partir de la ya citada LSCA para desarrollar una tarea pedagógica que permita problematizar las representaciones mediáticas en clave de derechos.

A partir de las preocupaciones que formularon las audiencias, la promoción de la equidad de géneros en los medios fue uno de los ejes prioritarios de la agenda de trabajo.  La Defensoría tramitó reclamos con emisoras comerciales, públicas y sin fines de lucro, agencias de publicidad y productoras audiovisuales para construir reparaciones de los derechos vulnerados. Elaboró guías y recomendaciones sobre coberturas periodísticas responsables. Desarrolló capacitaciones en todo el país e impulsó buenas prácticas audiovisuales que fomenten representaciones plurales y diversas por género, orientación sexual e identidad de género. Todo el plan de trabajo se construyó e implementó en articulación con organizaciones de mujeres y LGBTTTIQ+, universidades, redes de medios y periodistas, sindicatos docentes y de comunicación y organismos públicos de todos los niveles y de los tres poderes del estado.

El uso del pasado no es casual. El macrismo se ocupó progresivamente de desmantelar la institucionalidad de la Defensoría del Público.

La primera etapa del plan fue dejar el organismo acéfalo desde noviembre de 2016, cuando finalizó el mandato de su primera Defensora. Desde entonces, el Congreso Nacional, a través de la Comisión Bicameral (CB) de la Comunicación Audiovisual y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) presidida por Cambiemos, en tres años no dio inició al proceso de postulación y designación del/ de la Defensor/ra que establece la LSCA.  Pese a la acefalía, durante 2017 y gran parte de 2018, con mucho esfuerzo y creatividad, lxs trabajadorxs del organismo fueron quienes dieron continuidad a las líneas de acción dentro de los límites de las “facultades conservatorias” que otorgó la CB. En esos casi dos años, producto del compromiso del colectivo de sus trabajadorxs, la Defensoría siguió trabajando por el derecho a la comunicación de las audiencias.

La segunda etapa del plan macrista fue mucho más agresiva. Desde septiembre de 2018, el organismo fue directamente intervenido por Cambiemos. La CB presidida por el Senador santacruceño Eduardo Costa (UCR), designó como “encargado” a Emilio Alonso, un abogado sin experiencia ni conocimiento en el campo comunicacional, de los Derechos Humanos o en la gestión pública. Básicamente sin idoneidad ni antecedentes para el puesto.  En los 16 meses que lleva la intervención de Alonso, secundada por José Miguez Iñarra (Secretario General) y Mariana Cabral (Directora General), se dedicaron a paralizar todas las políticas públicas de la Defensoría. Nunca presentaron un plan de trabajo, obstaculizaron todas las gestiones de actividades que se venían desarrollando y burocratizaron los procedimientos para dilatar meses las respuestas a las solicitudes. Quienes se jactaron de promover la institucionalidad, modernización y transparencia del estado, solo se ocuparon de vaciar de sentido un organismo reconocido internacionalmente para utilizarlo como plataforma de marketing digital personal. Y lo hicieron hostigando sistemáticamente a las y los trabajadores, con renovaciones bimestrales de contratos e incluso con extorsiones por escrito.

Para que la Defensoría del Público vuelva a ser una herramienta de la ciudadanía al servicio de la comunicación es imprescindible y urgente que el Congreso Nacional ponga fin a la intervención de Cambiemos y dé inicio al proceso participativo para la designación de Defensor/a.  Mientras eso no suceda, las audiencias del país están desprotegidas.

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En la sociedad circulan permanentemente mensajes, ideas y estereotipos que tienen cargas valorativas y que ayudan a construir imaginarios sociales que configuran distintos tipos de relaciones sociales entre los géneros. A fuerza de repetición y reproducción, esas construcciones socioculturales terminan por instalarse como formas naturales de pensar que justifican relaciones de poder desiguales, asignando roles, expectativas y posibilidades de acceso y ejercicio de derechos diferenciales para las personas en razón de su género.

Partiendo de la preocupación por la cosificación de las mujeres en mensajes relacionados con el sexo, el cuerpo y con los roles sociales que a ellas se asignan, y la relación de ello con los medios masivos de comunicación, en julio de 2011 se creó, mediante el Decreto N° 936/2011, la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Fue una política de eliminación de las publicaciones de comercio sexual en los medios de comunicación para prevenir la trata de personas, en consonancia con las recomendaciones de organismos especializados en la investigación del delito que habían indicado que tales publicaciones servían como señuelos para captar personas a los fines de explotarlas sexualmente y promover la prostitución ajena. Y ello también se ordenó para dar cumplimiento a la ley de protección integral de la violencia contra las mujeres ya citada, con sus prescripciones para combatir la violencia simbólica y la violencia mediática. 

En efecto, hasta hace algunos años la prensa gráfica argentina presentaba a las mujeres como una mercancía más en un rubro comercial, ubicando los avisos clasificados de prostitución junto a los de compraventa de otros bienes. Los mensajes del estilo de “conmigo vale todo”, “en mi cama lo que pidas”, “calificada para tus exigencias”, “apasionada y complaciente” se publicaban de a miles en los diarios del país, dejando en claro tanto el rol subordinado de las mujeres en el comercio sexual como la anulación de su deseo, siempre a merced del placer sexual de quienes las prostituyen. Promoviendo incluso la pedofilización en las relaciones sociales y confiriendo a las niñas características de una sexualidad adulta, voces como “bebota mimosa y ardiente”, “lolitas calentonas”, “colegiala sexy”, también constituían un lugar común entre estos anuncios que extremaban el tratamiento de las mujeres y niñas como objetos al punto de promocionarlas “2×1”.

En rigor, más allá del tipo y contenido de los mensajes de comercio sexual, su prohibición evidenció un cambio en las condiciones materiales de posibilitación de su producción, circulación y consumo, cuestionándose la legitimidad de su existencia misma e invitando a reflexionar en torno de los límites de lo decible en el marco de una hegemonía cultural determinada.

Los resultados obtenidos por la Oficina de Monitoreo en relación con los avisos de promoción sexual en la prensa escrita persisten en la actualidad. Si bien en 2018, el macrismo la eliminó de la estructura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la decisión administrativa 312/2018 -anexo 5-, su creación y trabajo de verificación y sanción de medios gráficos, así como de sensibilización en torno de la problemática de la trata de personas, la violencia sexual, simbólica y mediática cimentada en el género, no pudieron ser desmontadas con la misma facilidad con la que se la borró del organigrama del Estado. Su desaparición, no obstante, desalentó la continuación de los procesos administrativos de sanciones que habían sido impuestas y que nunca fueron cobradas –ya que las empresas responsables de los diarios recurrieron a todos los vericuetos posibles del derecho administrativo para evitar su acatamiento y/o su pago- y, lo que es más grave, cesó el trabajo de articulación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal y con ello la provisión de valiosa información relacionada con los avisos de comercio sexual en el marco de causas judiciales y/o de investigaciones preliminares por delitos relacionados con la trata de personas y la explotación sexual ajena.

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Nuevo desafío

En este barajar y dar de nuevo que ocurrió con los resultados de la elección de 2019 y la reciente creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad cabe preguntarse cuáles serán los dispositivos y programas que, desde los distintos organismos, retomarán un rol activo en la eliminación de la violencia simbólica y mediática. Y sobre la posibilidad avanzar en nuevos debates, como el del universo de las redes sociales e internet, de gran complejidad y también especificidad, donde persiste un trato fuertemente denigrante hacia las mujeres y diversidades.

Se ha visto cómo la política en comunicación y géneros fue puesta bajo las alfombras del gobierno neocolonial que configuró la saliente gestión. Por ejemplo, quienes constituimos el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión albergamos hasta hoy en una “nube web” compartida los materiales, informes sobre casos e investigaciones que son de todxs, porque son producto del trabajo del Estado… Lo hicimos por temor a que se elimine el sitio del Observatorio que albergaba todo. ¡Y no nos confundimos! Fue borrado en pos de armar una nueva página web, en el ámbito del Enacom, sin historia y sin preocupaciones por los derechos humanos de un pueblo que día a día tenía que salir a las calles a denunciar lo que el Estado escondía y realizaba.

Lxs trabajadorxs somos el sostén de esas políticas que se iniciaron en gobiernos que tuvieron como postulado la inclusión social. Por eso, creemos que nuevamente se profundizará en la articulación, capacitación y generación de contenidos y materiales que atiendan la comunicación en un sentido amplio, entendiéndola como un derecho y no como una mera mercancía.

El cambio de jerarquía dado por este flamante gobierno al crear un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es muy auspicioso, muchos de los gestos en torno a temáticas referidas a la discriminación de quienes hoy presiden el Estado también lo son.

 

(*) Úrsula Asta, ex asesora en Observatorio de la Discriminación en Radio y TV; trabajadora del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Romina Coluccio –  trabajadora Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual;

Mercedes Monjaime – trabajadora INADI, integrante del Observatorio de la Discriminación en Radio y TV hasta 2017;

Myriam Pelazas – docente universitaria y ex coordinadora del Observatorio de la Discriminación en Radio y TV;

Chantal Stevens – politóloga y ex coordinadora de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual.

 

 

 

[1] La propuesta debió ser adaptada porque los organismos convocados no regulan contenidos de internet ni de prensa gráfica.

[2] Mediante diferentes proyectos de ley se la quiso actualizar, pero aún sigue vigente.

[3] Tal decreto ley nacido en medio del terrorismo de estado había sufrido algunas modificaciones sobre todo en los años ’90, pero lamentablemente orientadas a facilitar la privatización y concentración mediática.

[4] Por ejemplo, el artículo 70 de dicha ley indica que: “La programación de los servicios previstos en esta ley deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes”.

[5] Por ejemplo se elaboraron informes como el “Monitoreo de las discapacidades en la TV” que la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) presentó en ámbitos internacionales como parte de las acciones estatales llevadas a cabo en el país en torno a la temática.

[6] Este espacio a diferencia del Observatorio aparece en el articulado de la LSCA, sin embargo prontamente correría igual suerte puesto que los Plenarios obligatorios se llevaron a cabo hasta 2017 y luego se dilataron hasta quedar sin efecto.

[7] En 2019 se sumó el tipo de violencia política y, en modalidades, la correspondiente al espacio público y la violencia pública-política.