Por Martín Flores

El pasado jueves 19 de septiembre, en horas del atardecer, comenzaron a viralizarse imágenes de un gran incendio que se estaba propagando sobre el pastizal pampeano existente junto a la Base Aérea de El Palomar. Grupos vecinales y organizaciones locales difundieron las primeras noticias, y más tarde lo hicieron algunos medios.

El área devorada por las llamas se encuentra ubicada entre la cabecera de la pista del aeropuerto y el bosque de talar de barranca por donde fluye el arroyo Corvalán. Se trata de una zona integrada a un espacio natural de 200 hectáreas que desde hace años la comunidad pretende salvaguardar exigiendo su reconocimiento como reserva ecológica, porque los vecinos consideran que la enorme biodiversidad autóctona que alberga este territorio necesita ser protegido como una invalorable fuente de recursos ambientales.

Desde el corredor de la calle Derqui era posible observar las llamas de gran altura. El humo se extendía a raudales y atravesaba la noche fría. La atmósfera del barrio se oscureció rápidamente. Una gran cantidad de policías cercó el área rápidamente, y tres dotaciones de bomberos trabajaron algunas horas. El latido intermitente de las sirenas azules y rojas dibujaba un escenario desolador. El fuego devastaba uno de los pulmones verdes más importantes de la zona Oeste.

Hasta el momento se desconoce el motivo que originó el incendio. Pero si nos remitimos a que esta área representa un territorio en disputa y tenemos en cuenta los intereses privados que se agazapan sobre ella, no es descabellado suponer que haya un principio intencional detrás de lo sucedido.

La decisión de la justicia y algunas irregularidades 

En el transcurso de esta última semana, se hizo efectiva la medida que la jueza federal Martina Forns ratificó en un fallo en el que dispuso  la restricción horaria para que en el aeropuerto comercial de El Palomar sólo puedan aterrizar y despegar naves entre las 7 y las 22 horas. Mientras que la justicia, negó la solicitud de prórroga de cuatro meses que el Gobierno pidió a través de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil Argentina).

La decisión de la justicia, responde a las demandas que la comunidad viene exigiendo a partir de la apertura de la terminal aeroportuaria, vinculadas al derecho del descanso necesario y al imperativo de mantener y proteger un ambiente sano. Aunque esta no es la única demanda, sino que se suma a muchas otras que existen desde la propia apertura del aeropuerto, que opera con la modalidad llamada low cost o bajo costo, como por ejemplo la  poca claridad de la información hacia los vecinos frente a su instalación repentina, así como el incumplimiento de las normas requeridas para un emprendimiento de estas magnitudes.

Al respecto, Nahuel Franco Martínez, integrante de la organización ambientalista Isla Verde, conformada como Asociación Civil para la protección del área y articulada a otras entidades mayores como RAPU (Red de Áreas Protegidas Urbanas), reveló  que “entre los principales intereses privados que amenazan la integridad del área verde lindera a la Base Aérea, se encuentra el propósito de construir un pabellón logístico ligado al aeropuerto comercial. Pretenden convertirlo en un depósito donde se apilen los containers, quieren construir una autopista, extender las obras, ampliar los recintos”.

Es por eso que “para desprestigiar este pulmón suelen describirlo como un territorio sin importancia, como un basural, como un espacio insignificante de yuyos que no tiene valor económico. Argumentan que mantener improductivos esos terrenos es característico del atraso y la barbarie. Y con esos tramposos silogismos pretenden justificar sus maniobras ilegales de relleno de humedales, sus furtivos desmontes, las quemas intencionales, sus encubiertas descargas de escombros y basura”, expresó.

La manera de difundir esta noticia es un capítulo adicional de la problemática. Ya que mientras, los grandes medios de comunicación divulgan que estos terrenos fueron cedidos al aeropuerto para construir un predio logístico, el integrante de la organización Isla Verde, indicó que “si buscamos los informes oficiales sobre ese traspaso, informes que han sido exigidos por la comunidad, encontraremos que nunca fueron presentados ni expuestos públicamente por ningún organismo de Gobierno”.

También hizo mención a otras irregularidades, como la falta de presentación  de un “debido estudio de impacto ambiental que este emprendimiento requiere”. Por otro lado, cuestionó, la Audiencia Pública realizada  ya que según indicó “se ha desarrollado en una fecha vergonzosa, cuando el aeropuerto ya estaba operando”.

La lucha por el ambiente y el espacio natural

“Desde hace varios años existe un legítimo reclamo para que este último espacio natural de El Palomar llamado Isla Verde sea reconocido como un área protegida. Porque brinda oxígeno, porque alberga una biodiversidad única, porque da refugio a especies originales, porque contiene humedales y está bañado por un arroyo que atraviesa un bosque de talar, porque regula la temperatura de toda la región circundante, porque evita inundaciones, porque absorbe carbono y tiene un potencial infinito para la investigación, el conocimiento, el turismo, la recreación y el esparcimiento de toda la población”, señaló Nahuel Martínez.

Hace pocos días, contemplamos con enorme impotencia las devastadoras imágenes de la región amazónica siendo castigada por incendios que parecieron intencionales, teniendo en cuenta el plan del presidente brasilero Jair Bolsonaro consistente en declarar la guerra a la población indígena y pavimentar el pulmón verde más importante del planeta, amenazando y destruyendo patrimonios culturales y naturales para enriquecer las arcas de tentaculares corporaciones.

En ese sentido, Sofía, otra integrante de la Asociación Isla Verde, expresó una analogía con lo sucedido a nivel local. “La urdimbre de los grandes negociados siempre intenta construir un relato vinculado al progreso y a la calidad de vida, usufructuando el desconocimiento de las enormes mayorías y atentando contra las verdaderas riquezas que nos pertenecen a todos, y que una vez destruidas ya no se recuperan”.

Los miembros de la organización ambientalista señalan que se están cumpliendo 25 años de la Reforma Constitucional que incluyó un paso de avanzada a nivel regional-latinoamericano, incorporando el derecho a un ambiente sano en el artículo 41 de la Constitución Nacional. “En el año 2002 se sancionó la Ley General del Ambiente, una norma general importantísima que estructura la protección del ambiente y sus componentes, para garantizar el desarrollo sostenible, donde las políticas públicas se ajusten a la defensa de la Tierra”, reveló Adriel Magnetti.

“Por todas estas razones, este espacio no puede continuar sin protección. Es necesario que sea declarado reserva natural cuanto antes. Hay 200 hectáreas amenazadas. Debemos salvar todas las que podamos”, exclamaron desde la organización ambiental.

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