La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Nro 3 de Lomas de Zamora le otorgó la libertad condicional al ex-cabo de la policía bonaerense Alejandro Acosta. Se trata de uno de los asesinos materiales de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

El pasado 17 de octubre Acosta consiguió este beneficio, luego de reclamar medidas de este tipo desde hace algunos años. En 2022 la Cámara de Apelación le concedió salidas transitorias de 24 horas cada quince días. En 2023 la misma Cámara amplió este beneficio a 48 horas quincenales, y este año el ex-cabo directamente elevó un pedido de libertad condicional. 

“Pasados una cierta cantidad de años en donde el convicto cumple su condena, el código penal argentino permite el beneficio de la libertad condicional”, explica Paula Alvarado Mamani, abogada de la familia Santillán, en diálogo con La Patria de las Moscas. Aclara, sin embargo, que no debería tratarse legalmente este caso como uno común.

“Nosotros pedimos que los casos de el ex-cabo Alejandro Acosta y el ex-comisario Alfredo Fanchiotti (el otro asesino material de Maxi y Darío) fueran caratulados como crímenes de estado, a pesar de que el código argentino no lo haya tipificado aún”. Pero además, “exigimos que los pedidos de condicional de estas dos personas fueran tratados de la misma manera que los de los imputados por terrorismo de Estado”, señaló la letrada.

No solo las querellas de las familias de Maxi y Darío se opusieron, sino que también  la fiscal Paula Martínez Castro. Atendiendo esas negativas, el 20 de septiembre la jueza Cecilia Vázquez, titular del Juzgado de Ejecución 3 de Lomas de Zamora, denegó el pedido.

Pero Acosta, como en los años anteriores, recurrió el fallo ante la Cámara de Apelaciones. El caso recayó en la Sala III, integrada por los jueces Martín García Díaz, Tomás Bravo y Miguel Alberdi. 

García Díaz, que preside la Sala III, se pronunció en contra de darle la libertad condicional a Acosta. Pero Bravo y Alberdi lo contradijeron, quedando revocada por mayoría la resolución de septiembre de la jueza Vázquez, y otorgándole así la libertad condicional.

La abogada de la familia Santillán expresó que la normativa que fue elegida para tratar el caso “no permite que las partes estén presentes en el proceso de ejecución de la pena” sino que “solo que serán ‘escuchadas en forma amplia’”. Además, denuncia que los jueces que dejaron libre a Acosta utilizaron como justificativos los informes psicológicos y de desempeño provistos por el Servicio Penitenciario Bonaerense.

“Es una cuestión muy simbólica. Quienes realizan los informes de conducta del ex-cabo son sus mismos compañeros de fuerza, gente que compartió su cotidianeidad. Es ilógico que un camarada sea quien lo evalúe, y más ilógico aún que la justicia tome ese informe como argumento válido”, concluye Paula Álvaro Mamani.

22 años después de la llamada Masacre de Avellanedas, las familias todavía reclaman que sean juzgados también los responsables políticos de la represión que se desató en el Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002 y que terminó con el asesinato de Maxi y Darío.