[Por Regina Scorza]
Es martes 16 de agosto y la Plaza de las Américas, frente al Salón de las Américas, en la Universidad Nacional de La Matanza se llena de personas de distinta procedencia: integrantes de organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación comunitarios y públicos, representantes de sindicatos como SIPREBA y SUTEBA, docentes y estudiantes de las escuelas secundarias de la zona y, por supuesto, estudiantes universitarios, principalmente de la carrera de abogacía. ¿El motivo? La realización del juicio a los responsables del asesinato de Lucas Verón. Ezequiel Benítez y Cintia Duarte, ambos imputados por el delito de homicidio agravado (al ser integrantes de la fuerza policial) y homicidio agravado en grado de tentativa por Gonzalo, el amigo que acompañaba a Lucas, al momento de su muerte.
El juicio llega tras dos años de investigación y se llevará adelante frente al Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Matanza con la particularidad de tratarse de un juicio por jurados. Esta modalidad es una novedad en juicios de esta índole, según Sandra Raggio, la directora de la Comisión Provincial por la Memoria.
Aunque la convocatoria para presenciar las audiencias se pautó para las 12 del mediodía, quienes serían los integrantes del jurado, fueron citados más temprano. La citación implicó la convocatoria de 60 personas, ninguna de ellas conocedora del caso y luego, a partir de un mecanismo de selección (que implicaba asegurarse que ninguna de las personas tuviese vínculo con la policía) se eligieron 12 titulares y 6 suplentes.
La expectativa de familiares y la propia CPM (organismo que acompañó a la familia durante todo el proceso y los representa en el juicio) es la condena máxima para Benítez y Duarte. Para poder alcanzar una cadena perpetua, el jurado deberá fallar unánimemente, luego de escuchar el testimonio de más de 30 testigos durante el día.
Para Raggio, esta jornada es fundamental para la causa pero es una primera instancia, ya que la cadena de mando será juzgada en otra causa donde Diego Ocampos, Daniel Quinteros y María Gisele Genez están acusados por los delitos de amenazas coactivas, privación ilegal de la libertad, falsedad ideológica y falso testimonio con el objetivo de encubrir el crimen. También se investiga la actuación del fiscal Juan Pablo Tahtagian que fue denunciado por la familia y la propia CPM por la misma razón. La resolución de hoy, impactará de lleno en estas otras causas y también será central en el tratamiento de la violencia institucional, particularmente en relación a los casos de gatillo fácil.
Vilma Ripoll, en las inmediaciones del Salón, se refirió a la jornada de hoy como “el resultado de un proceso de movilización que compartimos muchos encabezado por la familia, desde las movilizaciones de los jinetes tan emotivas… Fue la ocupación en las calles que no se abandonó nunca y que permitió que hoy lleguemos a esta instancia, eso es lo que lo garantizó. Tengo confianza en hoy, no por los jueces o el jurado que no conozco, sino por la fuerza de la movilización para llegar hasta acá y eso es importante, que sepan que ante una situación similar, lo más importante es no dejar la calle”
También las docentes del programa “Jóvenes y Memoria” explicaron los motivos de su acompañamiento. “Es muy importante esta convocatoria, para que sepan que seguimos defendiendo los derechos humanos y que no pueden hacer esto con los pibes de La Matanza. Estamos luchando contra la impunidad de la Bonaerense. Participamos porque queremos defender la democracia, defender a los chicos, porque a veces están muy desamparados y la justicia lamentablemente no está siempre a favor de los que menos tenemos”, afirmaron.
Una vez comenzada la audiencia, la prioridad para presenciarla fue asignada a las escuelas, docentes y estudiantes, pudieron ingresar para acompañar a familiares y representantes de la familia en la causa. Andrea, secretaria regional de SUTEBA La Matanza, explicó que tienen prioridad las escuelas y estudiantes en la participación. “para pensar la violencia institucional en nuestros barrios, junto a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Derechos Humanos pensamos en el armado de un seminario para todas las personas que habitamos las escuelas matanceras donde se trabaje qué es un juicio, qué es un juicio por jurado, cuáles son los derechos, qué pasa si sufren situaciones de violencia institucional. Nos parecía importante que sean parte de este proceso y sean agentes reproductores de esta información tan valiosa para nuestros pibes y pibas”. Asimismo, expresó que “la expectativa es que sea un juicio ejemplar, que sea el mismo pueblo, la misma clase trabajadora que pueda juzgar a los asesinos pero además, entendemos que será un momento histórico para La Matanza y para todo lo que tenga que ver con la violencia institucional”.
