El Concejo Deliberante de La Matanza aprobó la ordenanza que regula el uso de glifosato y otros agroquímicos en el distrito. El proyecto fue impulsado por concejales del bloque del Partido Obrero y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y resulta de la lucha de la Asamblea de vecinas y vecinos envenenados por glifosato. La norma obtuvo su sanción por unanimidad en la última sesión del año. La Subsecretaría de General de Ambiente y Desarrollo Sustentable quedó establecida como órgano de aplicación.
“La sanción de esta ordenanza municipal significa un triunfo importantísimo para la Asamblea de vecinos contaminados por el glifosato en La Matanza. Las fumigaciones se venían realizando hasta no hace mucho. La ordenanza se votó el 28 de diciembre del 2022 y los días anteriores nos encontrábamos en campos fumigados con agrotóxicos”, explicó a En Tránsito Erika Gebel, referente de la Asamblea.
La situación de las y los vecinos afectados por estas fumigaciones es grave. Según denunciaron desde la Asamblea, ya se registraron casos de cáncer, abortos espontáneos, daños genéticos, dificultades respiratorias y las alergias en la piel. “Los cuerpo hablan“, sentenció Érika.
El objeto de la ordenanza es reducir el impacto negativo por el uso de productos fitosanitarios en zonas de producción agrícola cercanas a zonas urbanas o pueblos. En general, se trata de poblaciones afectadas por la deriva. Es decir, la dispersión de los productos químicos lanzados al aire desde amplias distancias. Pero también por la contaminación del suelo y las aguas superficiales y sutberráneas.
La norma delimita en qué zonas quedará prohibida el empleo de agroquímicos. También zonas de amortiguamiento y otras donde sí está permitido su uso. El espíritu es proteger la salud humana y del ambiente. Pero, además, promover nuevas prácticas de producción agroecológica.
La pelea contra el agronegocio fue una lucha sin descanso
Esta sanción resulta de un reclamo de vecinos y vecinas de Virrey del Pino afectados por los agrotóxicos. Desde hace más de un año, se organizan en asamblea para visibilizar la situación. “La pelea contra el agronegocio fue una lucha sin descanso”, indicó Érika y contó que desde este espacio vienen haciendo relevamientos de salud, movilizaciones y festivales para evidenciar la problemática que atraviesa la comunidad. Desde que se conformó la Asamblea, recibieron el acompañamiento de organizaciones y referentes territoriales. Érika cuenta que atravesaron en este tiempo momentos difíciles. Incluso amenazas. “Tuvimos distintas dificultades ya que nos encontramos en barrios vulnerados y abandonados por el Estado”.
En Argentina ya existen regulaciones sobre la utilización de agroquímicos. Específicamente, en la Provincia de Buenos Aires la Ley 10.699 y el Decreto 499/91 establece en su artículo 38° que “las empresas aplicadoras (nd: de agroquímicos) deberán operar a una distancia no menor de 2 Km. de centros poblados, no
pudiendo sobrevolarlos aun después de haber agotado su carga”.
El artículo 14 de la ordenanza matancera, prohibe la fumigación terrestre en el área urbana. Además impide fumigar hasta los 1.000 metros desde el límite del área urbana, cursos de agua superficial, pozos de agua, establecimientos educativos y de salud, viviendas rurales y reservas naturales.
A partir los 1.100 metros sólo podrá hacerse fumigaciones si se cuenta con: autorización previa del Municipio de La Matanza, una receta agronómica expedida por un Ingeniero/a Agrónomo/a. La autorización también dependerá del curso del viento y el uso de equipos matriculados. Al momento de realizar la fumigación, un veedor designado por la Autoridad de Aplicación deberá estar presente.
Sabemos que los daños a la salud en muchos de nuestros vecinos serán irreparables. En otros todavía estamos a tiempo.
La regulación local contempla como producto fitosanitarios a los biocidas, insecticidas, acaricidas, nematocidas, funguicidas, bactericidas. También a los herbicidas, fertilizantes, repelentes, y todo aquel producto que, sin ser nombrada en la vigente norma, sea usado para la protección y desarollo de la producción vegetal. Además, contemplará la elaboración, formulación, fraccionamiento, distribución, transporte y el almacenamiento de estos productos. A la vez, la comercialización o entrega gratuita, la aplicación o exhibición.
Tras su sanción, desde la Asamblea esperan su plena aplicación. Además, reclaman una compensacion para quienes ya padecen las consecuencias de los usos de químicos. “Todavía no hemos recibido la reparación que esperamos, Por eso continuamos trabajando. Queremos tener acceso al agua potable. Los pozos de nuestras casas están contaminados con estos químicos”.
De acuerdo a esta nueva disposición, la Autoridad de Aplicación tendrá como función elaborar informes anuales sobre el cumplimiento de la ordenanza. Para ello, serán convocados los organismos estatales correspondientes y a referentes vecinales, ambientales, educativos, culturales, de trabajadores y políticas de las áreas afectadas. “Sabemos que los daños a la salud en muchos de nuestros vecinos serán irreparables. En otros todavía estamos a tiempo“, señaló Érika. La urgente implementación de esta ordenanza es la clave para frenar ese daño.
