[Por Agustín Grijalva] La CGT y las dos CTA realizaron este jueves un paro general de 24 horas contra las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. La medida paralizó el transporte, la banca y gran parte de la administración pública, con protestas y movilizaciones en todo el país. Exigen reapertura de paritarias, aumento de jubilaciones y declaración de la emergencia alimentaria.
La medida de fuerza comenzó a la medianoche y se extendió durante toda la jornada. Trenes y subtes no prestaron servicio, mientras que los colectivos funcionaron con frecuencia normal. En el sector aeronáutico solo se mantuvieron algunos vuelos esenciales y los bancos operaron de manera limitada a través de canales digitales. En la Ciudad de Buenos Aires, las escuelas públicas funcionaron con personal reducido por la adhesión de gremios docentes.
Horas antes de la jornada , Héctor Daer, secretario general de la CGT, afirmó que el paro buscaba “restablecer las paritarias libres, actualizar el bono para jubilados y defender convenios homologados”. Apuntó contra los recortes en obra pública, asignaciones familiares, jubilaciones mínimas, y acusó al Gobierno de sostener “una política de ajuste por decreto”. Su par, Carlos Acuña, también cuestionó los despidos en el Estado y el intento oficial de “flexibilizar conquistas históricas del movimiento obrero”.
Pese al alcance de la medida, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, decidió no adherir al paro general. La UTA excusó que su decisión se basó en la vigencia de una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo en un conflicto salarial previo, lo que les impedía legalmente sumarse a la medida de fuerza. Esta postura generó tensiones dentro de la CGT, que evaluó posibles sanciones al gremio de los colectiveros por no acatar una medida votada por unanimidad en la central sindical.
Desde el gremio de Camioneros, el secretario adjunto Pablo Moyano, justificó la convocatoria señalando que “con la política tan agresiva que ha llevado este Gobierno, tendría que haber habido diez paros”. Además cargó contra la represión a jubilados frente al Congreso y cuestionó que el oficialismo pretenda “obligar a los gremios a firmar medio punto de paritaria”. “Viven en otra realidad, no ven lo que sufre la mayoría del pueblo argentino”, sentenció.
Otro de los que se expresó fue Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, al sostener que “el paro de hoy dice basta: basta Milei, basta de gobernar por decreto y de saquear el país”. En diálogo con FM En Tránsito, remarcó que “ya cerraron 20.000 pymes en un año y medio”, al tiempo que describió un escenario donde “el único empleo que se genera es el cuentapropismo, porque la gente se la rebusca como puede”. Asimismo, calificó como “una estafa” el acuerdo con el FMI, al considerar que “lo que entra de préstamo se va en los bolsillos de los especuladores al exterior”.
Al igual que Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, había anticipado una adhesión masiva: “Hay un clima social que se va a expresar en la contundencia de esta jornada”. Durante un plenario del gremio en Santa Fe, fue enfático al afirmar que “el pueblo le dice al Gobierno: basta de política de motosierra, atropello y crueldad”.
Por su parte, el titular del gremio de Aceiteros, Daniel Yofra, consideró que hay una “desconexión” de algunos sectores sindicales respecto de las bases. “Hay dirigentes que les interesa más sentarse con el Papa que con los trabajadores”, señaló, y pidió mayor contacto directo con las demandas del mundo del trabajo.
Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, afirmó que la medida “demostró el rechazo de millones de personas al modelo económico del Gobierno”. Planteó que el conflicto “se profundizará si no se abren instancias de diálogo para evitar más despidos, rebajas salariales y privatizaciones”.
A su vez, Sergio Palazzo, líder de la Asociación Bancaria, indicó que el gremio se sumó al paro “porque la situación económica no da para más”, y denunció “una pérdida brutal del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y las asignaciones familiares”.
En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof respaldó la medida en el cierre del congreso de delegados de la UOM en Mar del Plata. Señaló que “el único adversario real es Milei, cuyo plan destruye derechos adquiridos”. Incluso, advirtió sobre el “ensañamiento fiscal” contra las provincias, el impacto de la recesión sobre el empleo informal y la industria.
En contraposición, el Gobierno calificó la medida como “una movida política impulsada por sectores que perdieron privilegios”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, difundió un instructivo para estigmatizar la protesta social y bajarle el precio al contundente paro general de la CGT. En el punteo, el funcionario público invitó a la ciudadanía a denunciar telefónicamente si es obligada a no asistir a sus lugares de trabajo, apuntó que la medida de fuerza fue convocada por “la casta sindical kirchnerista de los Moyano” y sostuvo que la protesta deja “sin trabajar” a millones de argentinos.
Según consultoras privadas, la jornada implicó una caída cercana al 5% en la actividad económica diaria, con fuerte impacto en el consumo. Comerciantes reportaron bajas generalizadas en ventas, mientras que desde cámaras empresarias expresaron preocupación por la escalada del conflicto social. La Bolsa porteña operó con fuerte baja y se mantuvo la presión sobre el tipo de cambio financiero.
Cerca del cierre del día, en conferencia de prensa, la CGT consideró que la acción fue “un éxito rotundo” e informó que continuará en “estado de movilización permanente”. No se descarta una nueva medida de fuerza si no hay respuestas por parte del Ejecutivo. El documento que sintetiza sus demandas incluye la actualización de salarios y jubilaciones, el fin de los despidos, la devolución del FONID, la ampliación de la AUH, un refuerzo alimentario y la reapertura de las paritarias del sector público.