Por Martín Flores

A una década de la memorable decisión de la Corte Suprema que sentó precedencia jurídica en la conquista de derechos individuales, la Justicia argentina sigue trabando todas las reformas legales que serían capaces de suprimir el castigo a lxs usuarixs de sustancias psicoactivas.

El 25 de agosto, en Argentina se cumplen diez años del fallo Arriola, la histórica decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el hecho de castigar a una persona adulta por la tenencia de marihuana para consumo personal en el contexto de su ámbito privado.

La sentencia estableció que su consumo sin ostentación a terceros está protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional, el cual sostiene que “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.”

En ese entonces, el Presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti afirmó que tal veredicto no sólo respetaba las acciones realizadas puertas adentro, sino que implicaba también el reconocimiento de un espacio en el que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea.

El fallo también representaba un intento de cambiar la vieja estrategia existente en el modelo judicial, que suele atacar al consumidor para atacar al narcotráfico, estrategia que implica el desarrollo de un elevado número de causas judiciales insustanciales y un derroche contraproducente de fuerzas por parte del Estado en la lucha contra las redes ilegales que trafican y comercian estupefacientes a gran escala.

El fallo Arriola es importante porque sienta una precedencia jurídica legítima para enfrentar la defensa en otros procesos legales en los que una persona se encuentre criminalizada por el simple cultivo y/o tenencia. Es un recurso que puede servir como resguardo, pero no es determinante porque su aplicación no es obligatoria fuera del caso en que fue empleada. Por esta razón, es necesario modificar la llamada Ley de Estupefacientes, número 23.737, que castiga (entre otros) a los cultivadores de cannabis con penas de prisión que oscilan entre los cuatro y los quince años de prisión.

Esta Ley debería ser examinada nuevamente para estar acorde a los nuevos escenarios y conocimientos vigentes. Su obsolescencia es evidente habida cuenta del indudable proceso de legalización que se está dando en numerosos países con resultados socialmente favorables, considerando que la clasificación original del cannabis como sustancia peligrosa se efectuó sin tener en cuenta resultados válidos de investigaciones pertinentes. Estos procesos de legalización han sido también favorecidos por los claros avances que hubo durante los últimos años en la investigación científica y en el uso medicinal eficaz que la planta tiene para tratar numerosos síntomas que anteriormente se padecían y sobrellevaban con elevada incertidumbre.

Muchas personas que han encontrado un método eficiente para tratar síntomas propios y de familiares directos han sido perseguidos y fueron víctimas de causas judiciales sólo por el hecho de cultivar un paliativo natural que mejoraba con claras evidencias la calidad de vida a personas que sufrían enfermedades como encefalopatías, epilepsia, esclerosis múltiples, cáncer, Alzheimer, artritis, VIH, dólores crónicos, glaucoma, y síndromes diversos.

En los últimos tiempos, veintiséis países han adoptado un modelo de descriminalización para facilitar el acceso a servicios de salud, reducir el estigma y disminuir la burocracia judicial.  Estos países han tomado la decisión de transformar sus respectivas leyes de estupefacientes y han logrado salir de un paradigma que utilizaba la prohibición del cannabis como herramienta de persecución y control social de ciertos sectores sociales.

Cuando en 2017 el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.350, más conocida como Ley de Uso Medicinal de la planta de cannabis, muchos creyeron que se estaba dando un gran paso adelante para la consagración de derechos, pero finalmente vimos que no era así porque además de contemplar el uso para una sola patología, no permitía el autocultivo, que es el reclamo principal de un importante sector de la población que encuentra en la posibilidad de practicar el propio cultivo una herramienta certera para combatir afecciones y dolencias que complican la vida y reducen el desenvolvimiento vital.

En 30 años de vigencia de la Ley de Estupefacientes 23.737, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo impulsaron reformas capaces de suprimir el castigo a lxs usuarixs de sustancias psicoactivas. Incluso el escenario se oscureció las intervenciones del Ministerio de Seguridad de la Nación que en su llamada “guerra contra el narcotráfico” continúa criminalizando particularmente a lxs consumidorxs y sigue ocupando su tentacular burocracia para detener a los simples usuarios, cuando su verdadero destino es perseguir los delitos que representan una real amenaza social, como el secuestro extorsivo, la trata de personas y el narcotráfico.

Luego del fallo Arriola se presentaron 25 proyectos para reformar la Ley de Drogas, pero no prosperó ninguno. Mientras a nivel mundial, el proceso de avance en cuanto a derechos es evidente, en Argentina las políticas de drogas siguen teniendo graves consecuencias que laceran las libertades individuales de lxs usuarixs y consumidorxs de cannabis.

Ante esta situación hostil, el 26 de junio comenzó en Argentina la campaña #AdiezañosdeArriola, consistente en desarrollo de distintas actividades de concientización por parte de organizaciones de derechos humanos, asociaciones de usuarias/os, académicos y profesionales que culminará en un encuentro el 20 de agosto en el Congreso de la Nación.

En Argentina, alrededor de cien organizaciones sociales y de derechos humanos, asociaciones de profesionales e instituciones de todo el país, centros asistenciales, agrupaciones de usuarixs y cátedras universitarias, exigen la reforma de la Ley de Estupefacientes 23.737.

Basta de criminalizar a lxs usuarixs y consumidorxs de cannabis!

¿Cuánto tiempo más los poderes de nuestro país van a seguir dando la espalda a los procesos mundiales que están cambiando la historia y representan una evidente conquista de derechos?