[Por Nadita Desimone] La ley 26.160 de Emergencia en materia de Posesión y Propiedad de las tierras, del año 2006, se planteó como una herramienta posible para frenar los desalojos en tierras indígenas hasta en tanto y en cuanto se realizara, a cargo de un equipo técnico, el relevamiento en la zona en conflicto, generando posteriormente una carpeta administrativa sobre la situación de la comunidad. A la fecha, se calcula que entre un 30% y un 45% es lo que se ha relevado en total, demostrando una deficiencia en el trabajo de verificación técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras.

Esta ley, prorrogada en dos oportunidades, se vence el 23 de noviembre de este año, por lo que se esperaba que su tercera prórroga se votara positivamente, sin demora ni trabas.

Lo sucedido días atrás en el recinto del Senado demostró lo contrario. Con 33 votos negativos, 11 positivos y 10 abstenciones, el tratamiento de la prórroga se postergó para la próxima sesión, generando dudas y disconformidades entre las comunidades.

Dirigentes y representantes de distintos pueblos ancestrales, movilizadxs hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañadxs por distintos organismos, han manifestado su preocupación ante la falta de interés de votar por la prórroga de la ley, lo que traerá según ellxs, una situación de vulnerabilidad absoluta ante la ausencia de esta herramienta legal a la cual podían acudir.

Resta mientras tanto, realizar un trabajo de concientización sobre la necesidad e importancia de la ley, resaltando el valor que presenta la tenencia territorial en manos de comunidades originarias, no solamente por el derecho ancestral que tienen por sobre las tierras que habitan y ocupan, sino por la labor de preservación y cuidado que realizan históricamente.