Por Jardines de Shiva

Un Juez de la localidad de Necochea presentó este procedimiento jurídico para que la población juvenil no sea acosada por la Policía por tenencia simple de marihuana.

A mediados del mes de julio, el Juez del Tribunal en lo Criminal N° 1 de la ciudad de Necochea, Mario Juliano, presentó ante la Justicia un hábeas corpus colectivo para defender los derechos de la población juvenil contra el acoso y hostigamiento de los efectivos policiales de esa localidad balnearia ubicada en la provincia de Buenos aires.

El término habeas corpus proviene del latín y hace referencia a la posibilidad de disponer con libertad del propio cuerpo, y alude a la necesidad de contar con la facultad primordial que asegura los derechos básicos de una persona para ser escuchada ante la Justicia en caso de sufrir arresto o detención arbitraria.

En diálogo con los integrantes del programa Jardines de Shiva de FM en Tránsito, Mario Juliano expresó que junto a su grupo de trabajo venía observando con preocupación que los procedimientos policiales en la vía pública eran destinados a la persecución de usuarios de sustancias psicoactivas, principalmente cannabis. Viendo datos que son públicos, pertenecientes a la Procuración General de la Provincia y que corresponden al material que manejan los fiscales, percibieron que en Necochea el 70 % de las causas penales son realizadas por tenencia para consumo personal. Este porcentaje supera por gran diferencia incluso a otras zonas llamadas calientes del conurbano de la provincia de Buenos Aires (suburbios de la Capital Federal), como La Matanza o San Martín, donde el promedio oscila entre el 20 y el 25% (cuando tendría que ser cero, obviamente). Estas causas mueren de modo inmediato. No prosperan. Nadie las sostiene. Las mandan a la Fiscalía, donde se archivan y finalmente suele interrumpirse el proceso orientado a perseguir a los usuarios. Pero el procedimiento existe y concentra un gran derroche de recursos y energía del aparato público, reproduciendo a su vez una cadena de estigmatización y represión que incrementa la violencia.

El juez mencionó otro estudio realizado donde se demostraba que durante el primer semestre se habían llevado a cabo 600 procedimientos por drogas, y que el 85 % era por tenencia para consumo. Más del 80 % de las personas afectadas eran menores de 25 años de edad y lo incautado en estos operativos arrojaba un promedio de secuestro de cuatro gramos de marihuana por procedimiento. Haciendo cálculos muy estimativos, Juliano y su grupo se animaron a calcular que el costo de cada procedimiento, por personal involucrado, actividad de Fiscalía, reactivos, papeleo, combustible, etc… estaría oscilando en unos 10.000 pesos (US$ 230), lo que implica tirar dinero al vacío de modo absolutamente innecesario.

“Como si esto fuera poco –Argumentó el magistrado en la entrevista radial-, por supuesto que ninguno de estos procedimientos de requisas impúdicas de mochilas y prendas, cuenta con alguna orden judicial. Diría que no menos del 90 % de las personas interceptadas no están haciendo ostentación de llevar consigo marihuana o alguna otra sustancia. Entonces hay dos posibilidades: o la Policía tiene rayos X y ve a través de las mochilas y de las prendas de vestir de las personas que detiene, o está acosando a las personas por su apariencia, por su aspecto o por su vestimenta. No hay otra posibilidad. Y no creemos que tengan rayos X.”

En este contexto, durante los últimos años las causas judiciales han ido aumentando en torno a la criminalización de los usuarios. Si se estudian los datos comparativos del periodo 2017-2018, la mayoría de las causas judiciales existentes de la provincia de Buenos Aires se refieren al narcomenudeo. Las causas por infracción a la ley 23.737 representan un 33 %. Es uno de los rótulos que ha crecido de manera bastante notable.

Por último, el juez aclaró que su propósito no es descabezar a la Policía de Necochea ni generar sanciones ni reemplazar a las fuerzas que se desempeñan en este distrito. Lo que se pretende a partir de esta propuesta es establecer un diálogo franco y sincero sobre la base de los datos concretos y objetivos, y llegar a un punto de comprensión, porque el hostigamiento a los sectores juveniles no contribuye a la seguridad pública de ninguna manera. Por el contrario, aumenta los niveles de inseguridad, porque para muchas personas jóvenes estas experiencias son quizás el primer contacto con las fuerzas de seguridad, lo cual es absolutamente traumático. Con esto no se procura es atar de pies y manos a la Policía, como algunas personas dicen. Juliano dice confiar en el oficio de los efectivos. Y que si ven una situación que les llame la atención, la Policía debe acercarse de modo amable, preguntar, pedir de muy buena manera que se identifique la persona, hacer las preguntas que marquen la presencia policial en la vía pública. Pero no todas las intervenciones tienen que terminar en una situación judicial, en una causa penal, porque eso es una locura, algo verdaderamente irracional.

“Nosotros Creemos que los derechos ciudadanos deben ser ejercidos –finalizó el juez del Tribunal—. Tampoco sirve responder a la Policía de manera violenta o provocadora. Cuando uno es interceptado, si las circunstancias lo permiten y el personal policial quiere proceder en la requisa se pueden solicitar cuáles son los motivos de sospecha o en su defecto pedir la orden judicial de requisa. Se puede pedir la presencia de testigos del procedimiento, que haya personas ajenas al personal policial y a las personas interceptadas que puedan realmente ver lo que está ocurriendo. Y también estamos convencidos de que el teléfono celular es una herramienta maravillosa de la modernidad, porque permite grabar de modo fidedigno. Para que se muestre que están haciendo las cosas bien. El buen funcionario no tiene nada que ocultar. Estamos confiados en que podamos entendernos en esto.”

Seguiremos atentos la continuidad de este proceso.