El 12 de mayo de 2017, Iago iba, junto a un amigo, a Villa Tesei a comprar repuestos para un auto que estaba reparando.
En una suerte de presagio, pasaron por una calle llamada Malaspina. Allí vieron un automóvil que tenía las tasas de las ruedas mal puestas y las tomaron. “Los chicos se fueron riendo como si se tratara de una súper avivada que se habían mandado”, repasa Irina Ávalos, hermana de Iago.
Caminaron diez cuadras aproximadamente, cuando un vehículo apareció a alta velocidad. “Buscarolo le vació dos cargadores por la espalda”.
El tiro que lo mató le dio en el corazón. Iago murió en la ambulancia. Tenía 17 años, era el menor de 6 hermanos, estudiaba en la Escuela Secundaria N° 1 “Esteban Echeverría y por las tardes trabajaba en un taller mecánico. Sus últimas palabras fueron para Buscarolo. Le dijo ‘flaco llevame al Posadas que me muero’.
José Pérez Buscarolo, subcomisario de la Policía bonaerense, llegó a juicio en libertad condicional.
El 30 de mayo de este año, fue condenado a 5 años de cárcel por homicidio culposo. La familia había pedido prisión perpetua por el delito de homicidio agravado. “Acá se ha empleado lo que nosotros llamamos una justicia transaccional. Cuando llegó el momento de definir el juzgado negoció de algún modo intentar satisfacer a ambas partes y no establecer verdaderamente un criterio de justicia”, sostuvo Ismael Jalil, abogado de CORREPI, tras conocerse la condena. “Buscarolo ejerció pena de muerte sobre Iago”, sentenció sin titubear Irina. “Él decidió condenarlo y ejecutarlo en ese momento. Incluso tuvo oportunidad de ayudarlo o de salvarlo y también se negó”.

Sobre la Avenida Márquez está la comisaría 5ta de Tres de Febrero Eufrasio Álvarez.
El domingo 19 de mayo Diego Cagliero pasaba por allí cuando la camioneta Fiat Ducato, en la que viajaba con otros seis jóvenes, fue interceptada por efectivos de esa departamental y ferozmente baleada.
Casi de manual, la versión policial habla de “enfrentamiento tras un robo previo”. Incluso, fiel a la “doctrina Chocobar”, el intendente Diego Valenzuela, quien tiene como secretario de Seguridad a Juan Manuel Lucioni, un ex capitán dado de baja por Nilda Garré por participar de actos de lesa humanidad; se vanaglorió vía Twitter por la “colaboración” de su centro de monitoreo 3FCOM en “dirigir la persecución que detuvo a una banda que había robado un súper en Martín Coronado”.
¿Casualidad?, las cámaras de seguridad no registraron ese instante. “De hecho, funcionaron hasta el ataque”, denunció Adriana García, mamá de Diego. “O sea, no sabemos qué pasó hasta la llegada de la Gendarmería. Mi hijo estuvo tirado tres horas en la camioneta como si fuera una basura y eso tampoco se puede observar”.
Por el momento, sólo están detenidos Rodrigo César Exequiel Canstatt acusado por el asesinato de Diego, y el oficial subinspector Sergio Darío Montenegro por tentativa de homicidio contra Mauro Tedesco, quien también iba en la camioneta. “Los otros policías que estuvieron ese día están trabajando y sus jefes intocables siguen impunes hostigando a la comunidad de Tres de Febrero”, denunció Adriana quien además contó que un día antes del día de la Madre, recibió un llamado de Valenzuela “con tal cinismo, para seguir acosándome diciéndome que era una pena la muerte de mi hijo ya que hoy saben que fue una mentira la que inició todo”.
Diego tenía 30 años, era músico, participaba de la murga Los indestructibles de Martín Coronado y estaba a punto de ser papá.
Pocas horas después de morir y en un episodio similar pero a 126 kilómetros de Tres de Febrero, Gonzalo Domínguez, Camila López, Danilo Sansone y Aníbal Suárez eran asesinados en San Miguel del Monte por efectivos de la Estación Comunal del lugar.
Tenían entre 13 y 22 años. Con heridas graves, sólo Rocío Quagliarello logró sobrevivir a lo que hoy se conoce como la Masacre de Monte.

El jueves 27 de junio Matías, un pibe de 14 años, caminaba hacia la escuela N° 18 de La Tablada cuando otros jóvenes –que presuntamente estaban huyendo de la policía – pasaron corriendo al lado de él.
Fue en ese instante cuando el policía Arias Mamani, quien se encontraba de civil, bajó del auto y, sin mediar palabra, le disparó a Matías: primero en la espalda y luego en el pecho.
“Se trata de un caso de gatillo fácil y violencia institucional”, aclaró Liliana Galeano, integrante de HIJOS La Matanza.
“La mayoría de los casos de gatillo fácil tiene como protagonista al personal policial o de otra fuerza, de civil porque, precisamente, la instrucción que reciben desde el Ministerio de Seguridad de disparar a cualquiera, se extiende a todo momento de su vida”, explicó María del Carmen Verdú, abogada de la CORREPI.
Por el asesinato de Matías, no hay al día de hoy ningún detenido.
“Estamos verdaderamente en un estado de excepción”, afirmó Verdú al analizar al aire de FM En Tránsito los últimos cuatro años de gestión macrista, considerada las más represora desde el regreso de la democracia.
Según CORREPI, hasta el primer semestre de 2019 se registraron durante la era Macri, 1393 asesinatos por parte de las distintas fuerzas de (in)seguridad.
Para desmentir esos datos el ministerio de Bullrich realizó un informe, pero el gobierno no incluyó a los miembros de las Fuerzas Armadas, al Servicio Penitenciario Federal, a los policías retirados y a la seguridad privada.
“Cuando Bullrich dice en este informe ‘el fiscal no instó a la investigación’, ‘el fiscal desestimó la denuncia’ o ‘el fiscal cerró la causa’…
Si yo tuviera que armar el archivo sobre la base de lo que ha resuelto el poder judicial ¿sabés qué tenemos que sacar como persona asesinada por el aparato represivo estatal? A Walter Bulacio. Porque el poder judicial, a pesar de la condena internacional, condenó a Miguel Ángel Espósito por privación ilegitima de la libertad calificada y no por la tortura y la muerte. Y nosotros sabemos que a Walter lo mato la policía”.


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