Deolinda Carrizo es directora de Género e Igualdad de la Subsecretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación. Además, es una histórica militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. La jueza de Control y Garantías de la capital santiagueña, Ana Cecilia Vittar, ordenó la detención de Carrizo. También de otros ocho integrantes del MOCASE.
El pedido lo hizo la fiscal auxiliar Luján González Garay. La órden llegó el 2 de septiembre, «cuando en todo el país estábamos movilizado por la situación que ha pasado la vicepresidenta. Era un día que no estaba habilitado para hacer ningún tipo de cosas», señaló y agregó que los efectivos que se hicieron presentes hicieron caso omiso a su rol como funcionaria nacional.
La acusan de interferir en el desalojo de una familia en el paraje El Urunday, de la localidad de Roversi. «Estábamos la Secretaría de Agricultura Familiar, el consejero de participación indigena y miembro del área de territorio del MOCASE. Junto a la familia Medina nos acusan de usurpación», explicó Deolinda Carrizo en diálogo con En Tránsito.
El Urunday está a 250 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, en el departamento de Moreno. Al límite con Chaco, vive Carlos Esteban Medina, junto a su compañera Mirta Belizán. También con sus hijos Lucas, de 22 años, Mauro, de 20, Cristian, de 17, Julián, de 13. Además de una pequeña nieta de 6 años.
Según explicó la funcionaria, el conflicto surge a raíz de una demanda de homologación de comodato con pedido de desalojo impulsada por Guillermo Marcelino Ríos, un vecino del lugar. «Por confiar en un vecino amigo de la infancia, Don Medina firma un papel que sentaba la garantía de que el empresario de apellido Parra que está al lado no los iba a sacar más», explica Deolinda y refiere al empresario Parra, quien en más de una ocasión había intentado desalojarlo. «Don Medina confía y es llevado por el Juez de Paz de Roberti. Resulta que termina siendo un comodato de préstamos de la tierra. Con esto Ríos se presenta y hace un juicio contra la familia diciendo que ya había pasado el tiempo de préstamo y que había que sacarlos. Es así que la jueza da la orden de desalojo».
Efectivamente, el comodato entre Ríos y Medina se firma el 12 de febrero de 2019 en la escribanía Gómez Terzano (Registro Notarial N° 16) de Santiago del Estero. Pero además de este acuerdo, también se firma un documento en el que Medina se compromete a dejar la tierra doce meses después. «La fiscalía subestima la capacidad productiva de la familia. Sostienen que solamente hay una persona ahí. La familia tiene más de 60 vacas, tiene chanchos, caballos y yeguas. De hecho, tiene una perforación que antecede a ese contrato que le han hecho firmar de mala fe».
En este sentido, agregó que esto no es un hecho aislado sino que otras familias atraviesan situaciones similares. «La Fiscalía de Tierra y Ambiente ordena desalojos y detenciones sin saber la realidad socioproductiva de la familia. Es una batalla que se viene dando prácticamente con más casos en lo que va de estos últimos años». Desde la Secretaría acompañan a mas de 190 familias. «Las dejan en la calle, no le dan ninguna opción ninguna alternativa. ¿Qué hace una familia que viene produciendo por generaciones en la calle? ¿Qué hace con los animales? Hacer desaparecer a una familia campesina en nuestro país es seguir dependiendo de las trasnacionales. También seguir concentrando la tierra en pocoas manos. Y que la seguridad y la soberanía de nuestro país esté en mayor riesgo», enfatizó Deolinda.
