La Comisaría n° 2 está sobre la Avenida Vergara al 2.300. Según alertó la CPM la dependencia estaba superpoblada: había 21 detenidos distribuidos en cuatro calabozos, dormían en el piso sobre colchones húmedos, sin frazadas. Denunciaron también la existencia de una celda de castigo, sin agua, deteriorada y sin acceso a alimentos.
En diálogo con En Tránsito, Rodrigo Pomares, Coordinador del Área de Justicia y Seguridad de la CPM, contó que las familias de las personas detenidas denunciaron desde la falta de acceso a alimentos y a la salud, hasta hechos de corrupción dentro de la propia dependencia policial. “Los hechos consistían en pedirle dinero a las familias de las personas privadas de la libertad para acceder a alimentación, a comunicaciones telefónicas y otros tipos de derechos que ya debieran estar garantizados en el marco de una detención”.
A raíz del habeas corpus, el juez Marcelo Manso determinó que la seccional seguirá cerrada. Para reabrir se deberán acondicionar los calabozos. La Justicia penal deberá además investigar los hechos de corrupción.
¿Cuál es la situación carcelaria en la Provincia de Buenos Aires?
En territorio bonaerense, la tasa de encarcelamiento es la más alta de todo el país y una de la más alta en la región. Así lo advirtió Pomares. “Es un sistema penal que funciona con ingresos masivos al sistema penal y egresos limitados. Por más que se construyan nuevas plazas el sistema carcelario colapsa. Eso deriva en que las comisarías se transforman en cárceles. Las personas permanecen allí largos períodos de tiempo, encerradas 24 horas en una celda”.
Según datos aportados por la CPM en junio de este año, la sobrepoblación en comisarías es del 99 por ciento. “La propia normativa interna, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de Provincia, el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos y todos los organismos internacionales le han dicho a la Argentina que las comisarías sean solo lugares donde las personas transiten entre 48 y 72 horas”, indicó Pomares. De acuerdo a lo relevado por el organismo, hoy hay entre 2.500 y 2.800 personas privadas de su libertad en las alcaldías. En tanto, las plazas disponibles son de 1.200. “Algo que alertamos siempre es que esas condiciones son propicias para que las personas sufran daños a su vida y su integridad física. En estas situaciones han ocurrido la Masacre de Pergamino y la Masacre de Esteban Echeverría”.
Otro de los aspectos que advierte la Comisión Provincial por la Memoria tiene que ver con el estado procesal de las y los detenidos. Más del 50 por ciento de las personas privadas de su libertad en territorio bonaerense tienen prisión preventiva o no tienen sentencia. Aún más, en su mayoría se trata de delitos menores o contravenciones. Es decir, 29.467 personas de 58.497.
Otra de las problemáticas que advierte la CPM está vinculada al alojamiento de jóvenes menores de 18 años en comisarías. Pomares advirtió que, como correlato a esas detenciones ilegales, hay denuncias por torturas. “Esto tiene que ver con la falta de dispositivos como centros especiales de aprehensión para jóvenes. Es decir, que ni bien un joven sea aprehendido por la policía salga de la órbita policial y vaya a un lugar donde reciba un tratamiento específico vinculado a su edad”, explicó. Aún más, actualmente más de 30 niños y niñas viven en unidades penitenciarias bonaerense bajo el cuidado de madres privadas de su libertad.
