La abogada ambientalista Claudia Sambro Merlo presentó una denuncia penal en los Tribunales Federales de Comodoro Py contra 23 funcionarios y empresarios por estar «involucrados en el negociado de FlyBondi en la Base Militar de El Palomar”. La demanda alcanza también Mauricio Macri, Marcos Peña y Guillermo Dietrich.

En diálogo con La Casa de Arriba  (Lunes a viernes de 8 a 9hs por En Tránsito) la abogada contó que «la denuncia viene porque hay cuestiones que debieron pasar por el Congreso y que  sin embargo las hizo el presidente en ejercicio de funciones y que no correspondían como por ejemplo el traspaso de la Base Aérea Militar para la aeronavegación civil; la adjudicación de la rutas aéreas a Fly Bondi y  el inicio del aeropuerto y las obras sin la aprobación previa del proyecto por parte del Ministro de Ambiente de la Nación, que debió haber dado la conformidad ambiental sino ante la ausencia de actividad por parte de los organismos ambientales de la Provincia de Buenos Aires que son los responsables de nuestra seguridad ambiental».

«Si bien el aeropuerto es un enclave federal y le corresponde al Ministro de Ambiente de la Nación, por  las zonas aledañas que somos los barrios debe intervenir el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y la Autoridad del Agua», señaló y agregó que   esas acciones fueron  las que la llevaron a  darse cuenta que se trataba de un  «emprendimiento inviable que empezó a ser viable por el incumplimiento de todos esos funcionarios».

Por otro lado, mencionó las consecuencias ambientales que trae aparejado el proyecto del aeropuerto. «se tiene que hacer una  muestra  de la napas de agua porque hay dos acuíferos importantes, El Pampeano por arriba y el Puelche por abajo.  Se  debió ver la posibilidad  de contaminación porque va haber tanques con aceite y otros  de almacenamiento de combustible  que muy habitualmente tiene derrames, eso filtra y arruina las napas y todo lo que es territorio de la Provincia de Buenos Aires».

Por el artículo 28 de la Constitución se trata de zonas que son dominio de la Provincia de Buenos Aires. Por tal motivo, la gobernadora cometió una  «omisión inexcusable ya que que tiene una relación cercana con el presidente, además, su ex marido es el intendente y también  lee los diarios  o sea que tiene información de prensa, no puede ser que no haya activado ningún mecanismo para intervenir como es la obligación de la Provincia de Buenos Aires».

«Este proyecto ya lo traía bajo el brazo  el Gobierno Nacional antes de asumir», denunció y agregó que «cuando se dudo que la gobernadora vaya a vivir a la Base Aérea de Morón o del El Palomar, la más apropiada era la de El Palomar, era la que estaba mas en condiciones, no llamó la atención que eligiera la de Morón. Luego empezó la repavimentación de la Avenida Marconi a mediados del 2017 y en la sesión del 6 de febrero el concejal Ugartemendia,  dijo claramente que se hizo para el aeropuerto, cuando los vecinos no estábamos enterados».

Por su parte, formuló que «el intendente recién este mes en el boletín municipal habló del aeropuerto mintiendo que va haber mas de 11 mil puestos de trabajo directos y 9 mil indirectos cuando la evaluación de impacto ambiental presentada a la empresa Aeropuertos Argentina 2000, que también recibió la explotación de una manera extraña, habla de 85 puestos de trabajo».