La historia de la causa del joven Luciano Arruga se remonta a agosto de 2008 cuando fue detenido por averiguación de antecedentes y golpeado por efectivos de la bonaerense en el destacamento de Lomas del Mirador. Días después, un 22 de septiembre, su hermana, Vanesa Orieta, fue testigo de los golpes que recibió su hermano en el destacamento, al escuchar los gritos de Luciano Arruga.

Ese mismo día, el adolescente señaló al policía que lo había golpeado y, fue en el Policlínico de San Justo, donde quedó asentado el maltrato que había recibido. Antes de su primera detención, la policía bonaerense había querido reclutar a Luciano para que robase para ellos. Luciano se había negado. A partir de entonces, el joven de 16 años fue víctima de un sistemático acoso policial.

La madrugada del 31 de enero de 2009, Luciano Arruga fue detenido por la policía del Destacamento de Lomas del Mirador en el partido de la Matanza, desde ese momento no se supo más nada de él.

A poco de su desaparición, Vanesa Orieta habló al aire de En Tránsito, y relató cómo sucedieron los hechos y cómo arrancó la búsqueda de la familia.

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Desde ese momento la familia y las organizaciones que lxs acompañaron se dedicaron a pedir justicia por Luciano y exigir datos sobre su paradero. En el año 2010, Familiares y Amigxs exigieron que la investigación pasara a la Justicia Federal y comenzara a hablarse de “desaparición forzada”. Así la causa fue tomada por el Juzgado Nº 5 de La Matanza.

En diciembre del 2011 se lleva a cabo el cierre del destacamento de Lomas del Mirador, lugar donde Luciano Arruga estuvo detenido aquel 31 de enero. En este hecho, se reconoció el reclamo de la familia.

Aquel 2011, Vanesa Orieta destacó en comunicación con En Tránsito, el cumplimiento de la promesa de cierre del ex-destacamento.

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A fines del 2012, pronto a cumplirse cuatro años de la desaparición de Luciano, se hizo un pedido explícito de juicio político a la fiscal Roxana Castelli por haberle entregado la investigación a la misma policía señalada de desaparecer a Luciano. Posteriormente, el pedido de juicio político caería también sobre Celia Cejas, la segunda fiscal en la causa, por intervenir los teléfonos de la familia. Además, se ratificó el pedido de federalización de la causa yel cambio de carátula, lo que se logró recién en el 2013.

Pablo Pimentel, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH La Matanza) explicó en En Tránsito, la necesidad del cambio de carátula.

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Ese mismo año Vanesa Orieta, junto a familiares y amigxs y el acompañamiento de organizaciones sociales como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la APDH fueron recibidos por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. En ese encuentro, se exigió la destitución de los ocho policías vinculados a la desaparición de Luciano y que, aún en ese entonces, seguían cumpliendo funciones en distinta comisarías del conurbano bonaerense.

A medida que avanzaban los pedidos de investigación, las acusaciones y la exigencia de saber qué había pasado con Luciano, iban apareciendo las amenazas hacia familiares y amigos del joven. Hacia el mes de agosto de 2012, Rosaura Barletta, integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga denunciaba las amenazas que había sufrido Mario, hermano de Luciano y el amedrentamiento sistemático que recibían.

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En mayo del 2013, acompañada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel, la APDH La Matanza, HIJOS Zona Oeste y los abogados querellantes Juan Manuel Combi y Damián Piraino, la familia recibió el compromiso del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, de cerrar el destacamento donde fue visto por última vez con vida Luciano Arruga. Sin embargo, ante el incumplimiento, la familia y las organizaciones sociales iniciaron el 13 de octubre de 2013, un acampe frente al destacamento para reclamar el cierre de la comisaría y que sea convertido en un espacio para la Memoria. Además, se exigía que el equipo de Antropología Forense lleve adelante las tareas necesarias para avanzar en la investigación.

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Finalmente el 19 de noviembre de ese año comenzaron las investigaciones forenses en el ex destacamento. Y, después de más de 70 días de acampe, el lunes 23 de diciembre, los familiares lograron que el intendente Fernando Espinoza firmara la cesión en comodato del ex destacamento policial para levantar allí un Espacio para la Memoria.

En abril de este año la familia de Luciano Arruga y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron un Habeas Corpus para exigirle a cada una de las instancias estatales que avance con la investigación y determine dónde está Luciano. Este recurso fue rechazado en dos instancias. Finalmente, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la presentación y ordenó al Juzgado Federal 1 de Morón a realizar “la totalidad de las diligencias conducentes a establecer lo ocurrido a Luciano Nahuel Arruga”.

Rosaura Barletta, en comunicación con En Tránsito, hacía referencia a la aceptación del Habeas Corpus.

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El 23 de septiembre de 2014, el Juzgado Federal 1 de Morón reunió a funcionarios nacionales y provinciales para dar explicaciones por la desaparición de Luciano Arruga y exigió la puesta en marcha de todas las acciones de cada una de las dependencias del Estado para encontrar al joven.

El viernes 17 de octubre, cerca de las 18hs, en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky anunció la identificación del cuerpo de Luciano Arruga, quien estaba enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita. Según anunció el titular del CELS, acompañado por Vanesa Orieta y Mónica Alegre, mamá de Luciano, existe una causa en la que figura que horas después de ser detenido, aquel 31 de enero de 2009, Luciano fue atropellado en la vía rápida de la Av. General Paz y, luego, trasladado al Hospital Santojanni, donde murió posteriormente. Vanesa Orieta, remarcó que “esto no cierra con decir que un pibe cruzó la calle y lo atropellaron. Acá hay que saber la verdad”.