El canciller Santiago Cafiero anunció que el gobierno decidió el fin del pacto Foradori Duncan firmado en 2016 por el macrismo. El acuerdo implicaba entregarle a Londres la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. Había sido cuestionado por considerar que se trataba de una entrega de soberanía.
Cafiero se reunió con el Secretario de Estado para las Relaciones Exteriores del Reino Unido James Cleverly en Nueva Delhi, en la Cumbre de Cancilleres del G20. Allí le informó que el gobierno argentino decidió finalizar el acuerdo. Luego del encuentro, expresó a través de sus redes sociales que “el gobierno argentino ha propuesto retomar las negociaciones por la cuestión de la soberanía”. Para eso impulsan una reunión en la sede de la ONU en Nueva York.
El pacto firmado por el vicecanciller del macrismo, Carlos Foradori, y el ex canciller de Reino Unido, Alan Duncan, tomó relevancia pública cuando el funcionario inglés publicó en sus memorias que su par argentino estaba borracho al momento de firmar el acuerdo. Pero el contenido era igual de escandaloso.
Entre los puntos centrales del pacto sobresale que el Reino Unido iba a poder explotar actividades como la pesca, el comercio, la navegación y actividades hidrocarburíferas en zonas del Mar Argentino. Esto a partir de cláusulas que estipulaban que se iban a remover “todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas”, lo que implicaba el “levantamiento de todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que había tomado la República Argentina para proteger sus recursos naturales frente a la explotación ilegal de la pesca e hidrocarburos”.

Una abogada del oeste, al frente de la pelea contra el pacto
Claudia Sambró Merlo es abogada y vecina del oeste. Fue quien en 2018 denunció ante la justicia la ilegalidad del acuerdo Foradori Duncan. Sin haber pasado ni ser convalidado por el Congreso, el pacto “tuvo principio de ejecución, se firmó y empezó a andar”, había alertado la letrada en 2022.
Consultada por FM En Tránsito frente al anuncio realizado por Cafiero, Sambró Merlo expresó que las declaraciones del funcionario “aportan la certeza de que ese acuerdo ilegítimo sí tuvo principio de ejecución y cumplió prácticamente todas sus cláusulas. Y no se entiende cómo, ya que para haber tenido validez debió haber pasado por el Congreso Nacional”, lo que nunca sucedió.
Las denuncias de la abogada por el cumplimiento de este pacto salpican también al Aeropuerto de El Palomar montado en la Base Área, uno de los principales proyectos del macrismo en la zona. Sambró Merlo afirma que FlyBondi, la aerolínea low cost que operaba desde allí, está controlada por capitales ingleses y recibe fondos de una off shore en las Islas Caimán. Por eso, denunció que el funcionamiento del Aeropuerto de El Palomar era el primer punto del cumplimiento del pacto Foradori Duncan. Ya que entiende que se buscaba generar “una ruta a Malvinas pero desde un establecimiento británico, porque habia sido cedido a FlyBondi”, lo que calificó como una entrega de soberanía.
La ayuda financiera que Reino Unido brindó para realizar los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 e investigaciones en el Atlántico Sur son para Sambró Merlo otros dos ejemplos de que el pacto se estaba ejecutando sin haber pasado por los mecanismos institucionales correspondientes.
A partir del punto final al pacto, la abogada pidió “conformar una comisión investigadora de las razones por las que se firmó este acuerdo, por qué tuvo principio de ejecución y por qué no tuvo prioridad en la agenda a partir del 10 de diciembre de 2019 del gobierno del Frente de Todos, porque no es un tema menor”.