Joaquín Ortega, un joven de 19 años, murió electrocutado mientras realizaba tareas de mantenimiento en postes de luz para el Municipio de San Miguel. El hecho ocurrió el 10 de mayo del año pasado. En el incidente también perdió la vida Roberto Mora, de 34 años.
Familiares y amigos de Joaquín Ortega se movilizarán este sábado hacia el Municipio que conduce Jaime Méndez para pedir justicia. El 10 de mayo de 2025, Joaquín Ortega, un joven de 19 años, junto a Roberto Mora, de 34, realizaban tareas de mantenimiento en las calles Pilcomayo y Montevideo. Al entrar en contacto con una línea eléctrica de media tensión se produjo una explosión. Joaquín y Roberto, murieron al instante.
“Pedimos justicia y que dejen de cubrir a los asesinos de mi hijo”, reclamó Noelia Ortega, mamá del joven. Desde hace casi un año, la familia apunta a la empresa GEA Group, contratada por el Municipio de San Miguel, para realizar las tareas de mantenimiento de postes. Además, piden que se indague en la responsabilidad de funcionarios municipales en la contratación de la empresa.
Hasta el momento, la causa está caratulada como homicidio culposo. La familia pide que se investigue como homicidio con dolo eventual.
El día que ocurrió el hecho, Ortega y Mora no tenían capacitación ni elementos de protección para realizar el trabajo como cascos, guantes y calzado. Tampoco ropa ignífuga, antiestática o arnés. Según explicó Edgardo López, abogado que lleva la causa, tenían que pintar postes de luz y alumbrado público que eran de metal. “Lo único que le dieron para trabajar en altura fue un machete y un cepillo de acero totalmente inutilizable”, por ello, Edgardo consideró que se trató de “negligencia” por parte de quienes contrataron a Joaquín y a Roberto.
Por su parte, la madre del chico contó que quien convocó a Joaquín a trabajar fue Aníbal “El Perro” Sidán, quien además era suegro del joven. Si bien Sidán fue imputado, no está detenido. En la causa también está imputado Agustín Brondo, titular de la empresa GEA Group.
La denuncia por la muerte de Ortega y Mora también es contra 10 funcionarios por la licitación privada. Para el abogado la gestión tiene una “responsabilidad directa» porque permitió que una empresa trabajara dentro del ámbito de San Miguel sin ningún tipo de control ni medidas de seguridad.
“Es la lucha día a día. Acá hay responsables de la muerte de mi hijo: Aníbal Sidán, Agustin Brondo, la Municipalidad y el intendente que otorgó una licitación que no estaba en condiciones”, señaló Noelia y agregó: Joaquín merece justicia. No puede haber otro Joaquín”.
