El próximo 29 de octubre se cumplen cuatro años de la sanción de la Ley 27.453 de Integración Sociourbana. Ese mismo día, se cae la protección que rige sobre los barrios populares. Si el Congreso no avanza con la reforma de la norma, se iniciarán procesos inminentes de desalojo en más de 150 barrios de todo el país. Además otros 1.271 asentamientos no incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) podrían correr la misma suerte.

La ley nació al calor de la organización social. En octubre de 2018 la norma se sancionó bajo la forma de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. En ese entonces, obtuvo un apoyo unánime.

Específicamente, en su artículo 15, se establece la suspensión por un plazo de cuatro años (contados desde entrada en vigencia de la ley) de las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de aquellos bienes inmuebles contemplados en el RENABAP.

El punto es que el plazo está por cumplirse y en Argentina la cantidad de barrios populares aumentó de 4.416 a 5.687 desde el 2016 al día de hoy. Es decir, hay 1.271 asentamientos conformados recientemente, que no están bajo el registro del RENABAP y que podrían ser desalojados. El miércoles pasado, la Mesa Nacional de Barrios Populares se movilizó hacia el Congreso para reclamar la reforma urgente de la ley. La iniciativa establece declarar la utilidad pública de esos más de 1.200 nuevos barrios. La enorme movilización logró colar en la agenda de las y los legisladores la demanda. Este miércoles, será tratada en el recinto.

Álvaro Llambi, Director Nacional de Desarrollo Socio Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, explicó a FM En Tránsito la necesidad de avanzar con la integración sociourbana. «En los barrios hay procesos organizativos de larga data que llevaron a la consolidación de los barrios. Hay desde espacios religiosos, políticos, sociales, reivindicativos que se expresan en la Mesa Nacional de Barrios Populares y que están acompañando y exigiendo la reforma de la ley».

Además de prorrogar por 10 años la suspensión de los desalojos, se busca declarar la emergencia socio urbana, ambiental y sanitaria por dos años. La intención es acelerar los procesos administrativos y que las obras de infraestructura, de acceso a servicios, de tratamiento de los espacios públicos, el saneamiento y la mitigación ambiental, entre otras cuestiones, lleguen más rápido.

«Tenemos 5.687 barrios populares en Argentina con acceso solo a un servicio público. De esos 5.687, hoy en día el Estado está haciendo obras en 800 barrios», explicó Llambi. En este punto, destacó para la creación de la Secretaría de Integración Sociourbana (SISU). «A partir de la creación de la SISU estamos interviniendo con obra pública. Tenemos proyectos que se están cerrando para más de 400 barrios. Aquí tenemos dos problemas. Uno es la reforma de la ley. El otro es que queremos asegurar el financiamiento a largo plazo».

La Mesa Nacional de Barrios Populares reclama que el financiamiento de las obras sea a través de un porcentaje fijo del PBI en el Presupuesto Nacional. Actualmente, la Ley contempla como fuente de recursos los aportes del Tesoro Nacional, el impuesto país y el impuesto extraordinario a las riquezas. También los fondos provistos por organizaciones no gubernamentales u organismos internacionales. Además de los ingresos por legados y donaciones.

«La deuda es mucha. Hoy empezamos a reparar algo que lleva décadas de abandono. Por eso necesitamos mayores instrumentos y herramientas. Sobre todo, asegurar el financiamiento del Fondo de Integración Sociourbana y la suspensión de desalojos», insistió Llambi. El titular de la Dirección Nacional de Desarrollo Socio Comunitario, viene de una militancia barrial en Villa Fiorito. Desde aquí cuenta que «en Lomas de Zamora hay una tradición muy grande de organización popular a través de la tierra y la vivienda. De referentes territoriales que a lo largo de décadas han encarado los procesos de reclamo y organización en sus barrios».

La experiencia de urbanización en los barrios populares viene de un derrotero. «La mayoría de la obra pública en Argentina se ha realizado con empresas tercerizadas. Éstas piensan al barrio como un terreno a colonizar. Aquí no hubo participación de los vecinos. Ni se tomó mano de obra local. En cambio, se pensó en los proyectos desde los escritorios. Ese tipo de proceso en general termina mal y es lo que ha pasado en  muchos barrios».

Los barrios populares en el conurbano

Según el último informe del RENABAP, al día de hoy 1.168.731 familias, es decir 5 millones de personas, habitan en los más de 5.600 barrios distribuidos en todo el país.

En la Provincia de Buenos Aires se registraron 1.993 barrios populares (ver mapa de barrios populares). En el conurbano oeste, La Matanza y Moreno encabezan los distritos con mayor cantidad.

Esto es, 143 y 80 respectivamente. Le siguen Merlo con 80 barrios, Tres de Febrero con 22 e Ituzaingó con 19.

La economía popular en la integración sociourbana

Las cooperativas y organizaciones de la economía popular son actoras claves en la reforma de la ley de Barrios Populares. El artículo 12 establece que al menos el 25 por ciento de las obras que se realice en estos barrios debe adjudicarse a las cooperativas de trabajo o grupos asociativos  djudicarse, en un veinticinco por ciento (25%) como mínimo, a las cooperativas de trabajo. También a grupos asociativos de la economía popular. Preferentemente, estos espacios deben estar conformados por los propios habitantes del lugar.

Al respecto, Álvaro Llambi consideró que «estamos encarando un proceso que es histórico en términos de inversión del Estado con cooperativas para la urbanización de los barrios. En ese proceso generamos puestos de trabajo dentro del barrio y capacidad instalada para mejorar la calidad de vida de los vecinos». En esta línea, destacó la articulación territorial entre el Estado y la comunidad en el desarrollo habitacional.

En el mismo sentido, Mariluz Mendoza, integrante de la Mesa Nacional de Barrios Populares, señaló la necesidad de que las obras de integración sociourbana lleguen a los territorios de la mano de las cooperativas. «Con esta ley se puede avanzar, visibilizar y garantizar desde la economía popular el trabajo. Muchos de nuestros compañeros y compañeras pueden acceder a un trabajo digno».

Mendoza es también es vecina del Barrio Itatí en Quilmes. Al aire de FM Fribuay remarcó la importancia de la reforma.»Es garantizarle a más de 1 millón de familias la posibilidad de vivir sin el miedo a ser desalojadas», señaló. A la vez, agregó que después de los cuatro años de macrismo y los dos años de pandemia, los barrios populares quedaron muy golpeados. «Muchos sin trabajo y tratando de sobrevivir con changas».

Frente a este escenario, la economía popular se vuelve una alternativa posible. Así nacen unidades productivas como tarea de limpieza, recolección de residuos, barrido y zanjeo, emprendimientos productivos, entre otros.  «La situación está bastante crítica. Suben los precios todos los días y los más golpeados somos los barrios populares», finalizó .

Este miércoles se espera que la Cámara de Diputados avance en el debate y aprobación de la reforma de la Ley 27.453. Una vez sancionado, el proyecto debería girar rápidamente al Senado. Lo ideal sería que resulte en un dictamen favorable sin modificaciones. De esta manera, se convertirá en ley antes que caiga el artículo que protege a los barrios populares.