Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otros organismos, manifestaron su preocupación por la continuidad de los juicios de lesa humanidad.
A su vez, afirmaron que la medida «implicará el abandono de una clara política de estado comprometida con el juzgamiento y el castigo a los responsables del terrorismo de estado».
En un escrito presentado ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, se plasmó que «desde los organismos de Derechos Humanos hemos seguido con interés el tratamiento de este asunto y advertimos con suma preocupación que el art. 5to. del proyecto de ley, propuesto por los Senadores Pinedo, Pichetto, Rozas y Urtubey, deja a total discreción del Procurador General de la Nación la continuidad o no de áreas fuertemente vinculadas a la protección y tutela de los derechos humanos y la persecución de los crímenes de lesa humanidad».
En este sentido, los referentes de Derechos Humanos manifestaron su preocupación y afirmaron que «esta modificación genera una gran incertidumbre y preocupación en las organizaciones de Derechos Humanos que representamos, pues implica el abandono de una clara política de estado comprometida con el juzgamiento y el castigo a los responsables del terrorismo de estado».
La presentación, que lleva la firma también de Asociación Buena Memoria, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza; manifiesta que «no podemos aceptar una modificación como la que se propone, porque significa atar la suerte de organismos creados en el seno del Ministerio Público Fiscal vinculados a obligaciones internacionales del Estado, a las decisiones que tome un Procurador General que, por otra parte y de prosperar el proyecto de ley en cuestión, se encontrará fuertemente sometido al Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, a políticas criminales cambiantes ligadas a objetivos electorales de corto alcance, que nada tienen que ver con las políticas estatales que deben atravesar a todas las gestiones, tal como está pensada la actual ley orgánica del Ministerio Público».
