Por Lucas Spinosa*

El impacto generado por el resultado de las elecciones primarias, especialmente en la categoría presidencial, presionaron sobre un proceso devaluatorio que venía siendo contenido por el gobierno nacional. Esto produjo un salto del 22% en la cotización del dólar oficial, que en una estructura económica como la de Argentina, productora y exportadora de bienes y materias primas que son la base de la canasta alimentaria, impactó de inmediato en los precios y el poder adquisitivo del salario.

En ese marco, el Ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, implementó una serie de medidas con el objetivo de aminorar los efectos de la devaluación. Entre esas medidas se encuentra la puesta en marcha de una nueva categoría del régimen simplificado de monotributo, destinado especialmente a trabajadores y trabajadoras de la economía popular.

Esta iniciativa lleva varios años de existencia y es impulsada por los movimientos sociales que representan al sector. En tal sentido, tiene como objetivo avanzar en un proceso de formalización de trabajadores y trabajadoras que por las características de las relaciones laborales en que desarrollan su trabajo, pero también por la ausencia de marcos regulatorios de estas nuevas formas laborales, no acceden a garantías y derechos laborales como cualquier otro trabajador o trabajadora. Esta característica de la economía popular produce un círculo vicioso de degradación del trabajo, imposibilitando alcanzar una vinculación equitativa de la economía popular con otros sectores de la economía tradicional.

Esta iniciativa busca integrar y formalizar a un conjunto de trabajadores y trabajadoras de diferentes unidades productivas de la economía popular, que por su nivel de productividad y grado de desarrollo, encuentran límites en el monotributo social, y el mencionado déficit de políticas públicas específicas para el sector, no les permite alcanzar otras categorías o modelos de formalización.

El monotributo social, que hasta ahora constituía el régimen de inscripción más utilizado para este universo, tiene un límite de facturación de 1,4 millones de pesos anuales, poco más de 100 mil pesos por mes, con lo que es un tope bajo teniendo en cuenta que el salario mínimo vital y móvil supera esa cifra, y en términos productivos constituye un volumen poco rentable. Por otro lado, en el caso del monotributo social, el 50% del componente impositivo destinado a la obra social es asumido por el Estado, mientras que para el nuevo monotributo productivo su pago es optativo, pudiendo optar por destinar ese dinero a un servicio de medicina prepago, elegir alguna obra social, o lo que la persona considere. Esto tiene dos caras, por un lado, es interesante, ya que permite a las personas elegir qué servicio de salud utilizar y en función de eso evaluar la mejor opción. Pero también es consecuencia de dos problemas importantes: que la prestación de obras sociales para monotributistas es muy deficitaria, denigrando y desvalorizando el aporte monetario realizado por los trabajadores, y por el otro, que al no haberse otorgado la representación plena a los sindicatos de la economía popular como lo indica la ley de asociaciones sindicales, no es posible contar con una obra social adecuada y adaptada al sector, donde puedan aportar trabajadores y trabajadoras. El tercer elemento importante de este nuevo régimen es el aporte mensual al sistema previsional (SIPA), exento en el caso de los monotributistas sociales. Los nuevos monotributistas productivos, deberán pagar durante 36 meses 1% de lo facturado hasta que por su facturación alcancen el 25% del aporte al SIPA. Luego de ese periodo y superado ese tope, aportarán el 2,5% de su facturación. Para aquellos y aquellas que se encuentren registrados en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP), el Ministerio de Desarrollo Social cubrirá la parte restante del aporte previsional.

La implementación del monotributo productivo, junto a la política de registración llevada a cabo con la apertura del ReNaTEP, constituyen pasos importantes en la materialización de acciones estatales que mejoren las condiciones de trabajo de la economía popular. De todos modos, es necesario avanzar en la implementación de líneas de crédito no bancario que permitan un salto de productividad de las unidades de trabajo, el otorgamiento de la personería gremial a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) para alcanzar la representación plena y desarrollar los ámbitos necesarios para dar seguridad social y laboral a trabajadores y trabajadoras. Debemos lograr el desarrollo de políticas que estimulen el consumo de estos productos, volviendo necesaria la registración en lugar de que termine siendo una carga impositiva sobre el trabajo degradado. Es necesario alcanzar un diálogo entre sectores productivos, de todos los circuitos de la economía, para que sea posible articular, entrelazar, entramar nuestro sistema productivo, unificando sus heterogeneidades, rompiendo los desequilibrios, posibilitando un camino hacia la justicia social.

*Sociólogo, especialista en estudios del trabajo, Integrante del Movimiento Evita y UTEP