Se cumplieron 9 años del femicidio de Micaela García, militante feminista del Movimiento Evita. Sebastián Wagner, el femicida, había sido condenado a nueve años de prisión por la violación de dos mujeres, pero contaba con la libertad condicional, a pesar de que el informe criminológico recomendaba no otorgarle dicha libertad. Esto derivó, gracias a la lucha de familiares y organizaciones sociales y feministas, en la promulgación de la Ley Micaela, una reglamentación nacional que establece la capacitación obligatoria en violencia por razones de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública.
El femicidio ocurrió el 1 de abril de 2017, en la ciudad de Gualeguay en la provincia de Entre Ríos. Micaela caminaba hacia su casa cuando Wagner la interceptó. Micaela fue encontrada siete días más tarde, después de que se produjera la detención del autor del femicidio, que fue condenado a prisión perpetua ese mismo año.
Micaela era estudiante de Educación Física y militante del Movimiento Evita. «Sus sueños siguen ahí, al alcance de la lucha, que la convirtió en bandera, remera, ley, ícono, amuleto y mucho más», afirma un comunicado publicado por la Fundación Micaela García «La Negra», que ayuda a organizar proyectos en comedores, instituciones barriales y comunidades, conducida por Néstor García y Andrea Lescano, padres de la joven.
«Lo primero que te dicen los familiares es ‘no queremos que pase más’. Y eso es muy loable, porque ahí está el valor colectivo de esa lucha: convertir ese dolor en una lucha para los demás, que no deja de ser pensar en el futuro», analizó Maby Sosa, periodista especializada en género en su columna en La Patria de las Moscas por FM En Tránsito.
El relato completo de Maby Sosa en su columna, rememorando a Micaela
La justicia y la perspectiva de género
En aquel entonces, la salida de Wagner la dictó el juez de Ejecución Penal de Gualeguaychú, Carlos Ross. En 2016, el magistrado le otorgó la libertad condicional. Pese a contar con tres informes técnicos del Servicio Penitenciario que desaconsejaban la medida por los antecedentes de abuso sexual del condenado.
Tras el femicidio de Micaela García, Rossi enfrentó un jurado de enjuiciamiento por mal desempeño y falta de idoneidad, proceso en el cual resultó absuelto por una votación de 4 a 3, permitiéndole retomar sus funciones en el cargo.
Por este femicidio también fueron juzgados Néstor Pavón y Gabriel Ignacio Otero. Pavón recibió una condena de cinco años de prisión por encubrimiento agravado, mientras que Otero fue absuelto. La condena de Pavón tuvo que ser ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia lo dejara libre en 2020. Hoy la familia pide un nuevo juicio a Néstor Pavón, para que sea juzgado como co-autor del femicidio de Micaela.
La Ley Micaela, un resultado de la lucha a partir del dolor
La Ley N.º 27.499, impulsada por los padres de Micaela, lleva ese nombre en su honor. Se promulgó el 10 de enero de 2019 con el objetivo de fijar la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que ejerzan funciones en el ámbito público nacional, en los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
El espíritu de la norma consiste en construir sentidos comunes que cuestionen la disparidad y la discriminación, así como también generar herramientas para identificar las desigualdades de género y crear estrategias para su erradicación.
La Ley Micaela limita su aplicación a la función pública de nivel nacional, pero invita a adherirse a las provincias Argentinas. Todas estas jurisdicciones ya adhirieron a la Ley con reglamentaciones locales.
Sobre la situación actual, Sosa explicó que el presidente Milei «viene desde hace un montón de tiempo intentando sacar la ley Micaela. No hay nadie que se esté ocupando de implementar la ley si no son algunos organismos o intervenciones barriales».
