Mientras las y los trabajadores del Hospital Posadas realizan medidas de fuerza a raíz de los 90 despidos ocurridos a principios de julio, en la ex Clínica Constituyentes continúan los reclamos por las indemnizaciones y sueldos adeudados que perjudican a más de 450 familias. El sistema público y el privado atraviesan recortes presupuestarios que afectan tanto a sus trabajadores como a sus pacientes.
¿Cuál es la situación del Posadas?
A principios de mes, cuando llegó la motosierra del gobierno nacional a éste hospital de administración nacional y distintas áreas perdieron capacidad de asistencia, sus trabajadores comenzaron el plan de lucha. Los despidos, condicionaron las áreas de emergencias, clínica, nefrología, neumonología, hemoterapia, radiología, kinesiología y administración. También dejaron al Hospital sin especialista en detección de casos de leucemia al echar a la única bióloga molecular que trabajaba en ello.
En diálogo con La Patria de las moscas, Luis Sucher -uno de los trabajadores despedidos del Hospital- contó que seguirán peleando “porque es un claro ataque a la salud pública, no es un ataque individual a quienes nos despidieron”. También manifestó que: “cuando decimos que defendemos la salud pública, lo que defendemos es el acceso de los sectores populares, que son los que vienen a atenderse al hospital público”. En este sentido, las acciones de visibilización del conflicto se realizan en diálogo con sus pacientes ya que, no cuentan con los mismos servicios que antes o venían realizando tratamientos con médicas y médicos de cabecera que fueron despedidos: “Se han acercado muchísimas de estas personas, expresando su solidaridad y esto se debe a que formamos parte de su vida”, reflexionó.
Además de arbitrarios, los despidos presentan ilegalidades. El propio caso de Sucher es ejemplo de ello. Se trata de un trabajador que, en 25 años de antigüedad nunca dejó de estar en modalidad de contratado. Su caso no es el único: otras personas fueron despedidas con situaciones similares y también se identifican casos de persecución gremial, al ser despedida una parte de las personas delegadas.
“Estamos presentando amparos porque es terriblemente violatorio a nuestra estabilidad laboral y porque la relación contractual que teníamos está basada en un fraude laboral. Vamos a llevarlo a todas las instancias judiciales que sean necesarias”, expresó Sucher.
¿Qué dicen las autoridades?
Las personas que administran el Hospital actualmente se negaron a recibir a quienes fueron despedidos, a pesar de su insistencia. Hasta ahora, sólo pudieron reunirse con el Ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, con la expectativa de que pueda interceder y pedir una mesa de diálogo. Para el ministro, el tema debiera ser de interés absoluto por la capacidad de atención del Hospital y por el impacto de su funcionamiento en el acceso a la salud de las y los bonaerenses del conurbano.
Para quienes perdieron su trabajo, la única respuesta posible es la reincorporación de los 90 despidos junto a la defensa de uno de los hospitales más importantes y con más capacidad de atención de la zona. En la misma línea, Jacobo Netel, Director del Hospital Municipal de Morón, se solidarizó y declaró que hay que “seguir luchando, seguir pidiendo por la reincorporación de los trabajadores y compañeros; seguir trabajando y demostrando que el Estado tiene que estar presente”. Un recorte en el Posadas también repercute en la atención médica de las y los moronenses.
A esto, se suma la crisis económica que ha impactado en el sistema: “Tenemos un incremento de pacientes, gente que se quedó sin cobertura porque no pueden pagar su prepaga o que se quedó sin trabajo y no tiene obra social” describió Netel, en relación a la asistencia al Hospital Municipal, resaltando la importancia de fortalecer la salud pública, en lugar de achicarla.
Un reclamo sin respuestas: El caso de la ex Clínica Constituyentes
Dentro del ámbito de la salud privada y de cobertura a obras sociales, también suceden recortes. Algunos conflictos de larga data que, aún, no encuentran solución. Tal es el caso de las trabajadoras y trabajadores de la ex Clínica Constituyentes que reclaman el dinero que les adeudan hace al menos cinco años. Sueldos, aguinaldos y horas extras que, tras el cierre del centro de salud, nunca les pagaron. En ese entonces, 450 familias quedaron en la calle.
La situación se agravó en junio de este año cuando se inauguró en el mismo edificio donde funcionaba la clínica otra llamada Santa Clara. En dicha ocasión, Sandra Miranda -ex trabajadora del área de terapia intensiva- expresó que el vaciamiento fue progresivo por parte de la administración. Los pacientes iban siendo derivados a otros sanatorios de manera paulatina. A su vez, se fueron cerrando algunos servicios bajo pretexto de mejoras y refacciones en el edificio. Sin embargo, estos servicios no volvieron a abrir, hasta llegar al cierre definitivo de la Clínica. “Nos vieron la cara, nos tomaron el pelo”, expresó Sandra.
El deterioro gradual también se manifestó en el pago de salarios: a cuenta gotas y con retrasos hasta que, en un determinado momento, directamente dejaron de pagarles a trabajadores que, como en el caso del Hospital Posadas, también tenían muchos años de antigüedad en la institución.
De acuerdo a Miranda, desde que comenzó este conflicto, sus trabajadores no encontraron respuesta y las instancias de reclamo se fueron agotando. Luis Videla y Ramiro Britos, los últimos titulares de la Clínica, no asumieron sus responsabilidades. La Clínica Santa Clara está destinada a pacientes de PAMI y privados. Sus administradores -que pertenecen a Red Basa, del Grupo Olmos- afirman que alquilaron el edificio, pero tanto Videla como Britos les dicen a las y los trabajadores de la ex clínica Constituyentes que no vendieron ni alquilaron el edificio. Para el grupo de trabajadores se trata de “una pantalla”, para no abonarles los salarios adeudados ni la indemnización correspondiente.
