La policía detuvo a Gabriel Heredia en la Plaza La Roche, frente a la Estación de Morón. El joven fue trasladado a la Comisaría 1ra. del distrito junto a otras tres personas. Durante el día que pasó detenido, lo torturaron. Una semana después se suicidó y su familia denuncia que fue por no poder recuperarse de las secuelas del hecho.
En diálogo con FM En Tránsito, Facundo Merlán, integrante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, afirmó que la detención del chico fue arbitraria. Actualmente, la investigación se encuentra en la instancia de recabar pruebas a partir de videos y testimonios.
Con el patrocinio de la abogada María del Carmen Verdú, la CORREPI acompaña a la familia. Según lo que se pudo reconstruir hasta el momento, aquel 29 de julio Gabriel esperaba el colectivo 635 en la plaza La Roche para volver a su casa. Alrededor de las 19 horas, el policía Carlos Artagaveitia detiene a unos chicos a quienes acusa de tener marihuana en la riñonera. En el lugar estaba Walter Machuca, quien esperaraba a pareja Laura. Al ver esta situación, Walter se acerca y es detenido de manera violenta. Gabriel hace lo mismo. En el interín se cae un celular. Gabriel lo levanta pensando que era de alguno de los chicos. Otro efectivo dice que era suyo, lo acusa de robo y lo detirene.
Gabriel Hereda fue trasladado a la Comisaría 1ra. de Morón. «Allí se llevan adelante una serie de situaciones que son bastante comunes de la Policía. Esto es, maltratos, gastadas, lo que suele hacer la policía para intimidar a las personas que detienen». Al otro día lo liberan. «Todo lo que vivió esa noche y todo lo que vivieron los chicos que estuvieron con él, evidentemente generó en él un temor». A Gabriel lo golpearon y torturaron. Una semana después se suicidó. «La decisión de Gabriel posterior a su detención, de quitarse la vida, está suscrita a esta situación detención arbitraria, tortura, persecución».
La Comisaría 1ra. de Morón otra vez bajo la lupa
Desde 1983 hasta el 2021, la CORREPI registró 8.173 casos de personas mueetas por el aparato represivo del Estado. Específicamente, en los últimos años, hubo un incremento en el número de muerte. Sobre todo, las ocurridas en el marco de detenciones arbitrarias.
En el años 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado argentino a eliminar las prácticas vinculadas a la violencia policial e institucional. Además, ordenó adoptar las medidas legislativas y de cualquier otra índole para adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de Derechos Humanos. La decisión surgió a raíz del caso Walter Bulacio. «El Estado argentino viene apelando y está incumpliendo ese fallo desde el 2003. Eso no necesita ni un proyecto de ley ni ninguna resolución. Simplemente lo que se necesita es que el Estado cumpla esa condena y erradique esas prácticas del proceder policial», señaló Merlán e indicó que sólo con esa medida bajarían en un 60 por ciento los casos de asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad.
No es la primera vez que la Comisaría 1ra. de Morón está implicada en un caso de violencia policial e institucional. Allí funcionó un centro clandestino de detención y tortura durante la dictadura cívico militar. Ya en democracia, en 1992, la policía detuvo a Sergio Durán, un joven de 17 años, por «averiguación de antecedentes». En la Comisaría 1ra. n estuvo 12 horas detenido. Salió moribundo y finalmente falleció en el Hospital local.
A partir del reclamo de la familia y de CORREPI, se pudo determinar que Sergio fue torturado más de ocho horas con el «submarino seco» y una picana eléctrica en los testículos. Además que el joven había sufrido lo que se denomina «masturbación violenta». Se trata de una «práctica sádica para aumentar el dolor de la picana hasta límites inaguantables», denunció en su momento el organismo.
