La pena para todos los imputados fue la máxima: 25 años de prisión, por cometer delitos de lesa humanidad contra 133 víctimas. El juicio tuvo como acusados a Julio César Leston, Juan Carlos Herrera, Juan José Zyska y Ernesto Rafel Lynch, todos integrantes de la Fuerza Aérea. A ellos, el tribunal los encontró coautores penalmente responsables por privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas.

El Tribunal, integrado por los jueces María Claudia Morgese Martín, Walter Venditi y Silvina Mayorga, concluyó que los hechos analizados durante las audiencias constituyeron «delitos de lesa humanidad». En este sentido, rechazó los planteos de prescripción realizados por las defensas. En su veredicto, los magistrados incluyeron los cargos por abuso deshonesto agravado y delito de violación agravada.

Zoraida Martin, una de las víctimas que prestó declaración, gritó al salir del tribunal:  «no me van a violar más«. «Para mí y todas las compañeras que sufren violencia de género. La única manera de liberarse de una violación es denunciándolo», sostuvo Zoraida, quien se mostró satisfecha por la condena. «Sé que estamos todos con un bajón bárbaro. Pero ya va a salir el sol. Yo esperé 50 años y se hizo justicia«, afirmó Martin al aire de la radio abierta y transmisión especial de FM En Tránsito y La Retaguardia.

En su decisión, los jueces también ordenaron la baja de jubilaciones y pensiones que estén percibiendo por su rol dentro de la Fuerza Aérea. También el retiro del permiso de portación de armas.

Según se pudo reconstruir, los condenados actuaron en los centros clandestinos que funcionaron en Mansión Seré (Castelar), la Brigada Aérea de El Palomar y la VII° Brigada Aérea de Morón. También en las Comisarías de Castelar, Haedo y Morón (Primera) y Moreno, el Destacamento de Paso de Rey, la Subcomisaría de Francisco Álvarez y la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA), que funcionó en el centro de Morón. 

Iris Pereyra de Avellaneda, madre de Floreal Avellaneda, reclamó más celeridad en los juicios. «Ojalá se le dé pronto la condena fija que les corresponde. Todo depende de nosotros y tenemos que estar atentos frente a este gobierno negacionista», alertó en la puerta del Tribunal tras conocerse la sentencia.

«Seguimos esperando que nos digan dónde están», reclamó Noelia Lynch, sobrina de uno de los genocidas acusados. «Esta es la memoria. Lo que vivimos en nuestras casas. Aquello a lo que no podíamos darle sentido y tuvo sentido cuando empezó la democracia», afirmó Noelia quien también declaró contra su propio tío. «Ahora viene otra etapa: que las infancias sean sujetos de derechos y víctimas en cada uno de los juicios», agregó al aire de la transmisión especial en referencia al pedido que hizo Mariana Eva Pérez de incluir a los niños y niñas como víctimas en este proceso judicial, pero al que el juzgado no dio lugar.

Por su parte, Martha Ibarra, integrante de Moreno por la Memoria, se mostró emocionada. «El tribunal dio lo que pedimos», aseguró y afirmó que este fallo es un reparación histórica para el distrito. Es la primera vez que se juzgan los delitos cometidos en los centros clandestinos de Moreno. Durante la cobertura, el organismo de Derechos Humanos mostró su preocupación por la presencia de tropas militares norteamericanas en la VII Brigada Aérea de Moreno. Se trata de un ejercicio militar denominado «Daga Atlántica«, que Javier Milei autorizó por decreto sin pasar por el Congreso.

Impunidad biológica

El juicio, que comenzó hace dos años, tenía también como imputado a Juan Carlos Vázquez Sarmiento. El genocida permaneció prófugo por casi 20 años y fue detenido recién en el año 2021. 

Vázquez Sarmiento murió sin recibir condena el 19 de febrero de 2025. En su última aparición pública mostró sus genitales durante una de las audiencia del juicio. También fue uno de los genocidas que se mostró en la foto junto a diputados de La Libertad Avanza en la cárcel de Ezeiza. 

Este juicio fue el primero en el que se abordaron casos de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la localidad de Moreno. También, el segundo por las privaciones ilegítimas cometidas en la Regional de Inteligencia Buenos Aires; y el cuarto por los delitos de lesa humanidad en el centro clandestino Mansión Seré.