En el marco de una acción judicial iniciada por Amnistía Internacional, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Conurbano Norte, convocó a una conferencia de prensa este miercoles 17 de junio para visibilizar las barreras que enfrentan mujeres y personas gestantes en el municipio de San Isidro para acceder a la práctica. En el encuentro participaron referentes de organizaciones de derechos humanos, profesionales de la salud, sindicatos, docentes, concejalas y organizaciones de mujeres y feministas.
De acuerdo con lo expuesto por las entidades, el municipio confirmó la existencia de un protocolo que no se encuentra en el marco de la Ley 27.610. Este reconocimiento es especialmente relevante porque muestra que no se trataría de prácticas aisladas, sino de una directiva institucional que habría organizado el circuito de atención frente a las solicitudes de interrupción del embarazo.
Obstáculos para acceder a la IVE
La integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Conurbano Norte, Martina Ferreto, en diálogo con La Patria de Las Moscas, expuso que se trata de una “maniobra” que el intendente Ramón Lanús y el secretario de Salud Pablo de la Torre están realizando en el municipio para impedir el acceso oportuno y seguro a las interrupciones del embarazo en el Hospital Materno Infantil. “Sabemos que hay una voluntad política de generar barreras institucionales para el acceso correcto y eficiente a las interrupciones del embarazo”, planteó Ferreto.
En este sentido, aclaró que la acción judicial iniciada por Amnistía se debe a dos sentidos principales. Por un lado hay denuncias de usuarias que se acercan al hospital para solicitar información para el acceso a la IVE y lo que reciben es “hostigamiento, desinformación y un lenguaje inadecuado”, lo cual está por fuera del marco normativo de la Ley.
Las denuncias se tratarían del programa llamado “Maternidades Vulnerables”, que funciona como un circuito de atención donde las solicitantes a la interrupción voluntaria del embarazo son derivadas a consultorios donde personal no médico intenta disuadirlas de continuar con la práctica. “Después suele suceder también que circulan los contactos personales para que hayan llamados de hostigamiento”, explicó Martina Ferreto.
Por otro lado, dicho circuito “expone a los profesionales de la salud que tienen que otorgar la información de la forma que lo establece la ley y se choca con esta bajada que tiene el municipio de protocolizar”, comentó.
Caso de San Miguel
En el 2022, hubo denuncias de ciudadanas que reclamaban la existencia de una política pública llevada adelante en el municipio de San Miguel que consistía en detectar y perseguir a mujeres embarazadas para que no aborten. Dicho programa se trataba de consejerías llamadas “Guadalupe”, donde se montaron estructuras de seguimiento tanto telefónicas como a domicilio, utilizando las bases de datos del sistema sanitario para hostigar a las gestantes. En 2024 se renombraron como «El camino de la embarazada«.
Uno de los ideólogos de esta política pública fue el médico pediatra Pablo de la Torre, quien en ese momento se desempeñaba como secretario de Salud y Bienestar Familiar de San Miguel.
Actualmente, es un municipio donde el derecho al aborto no se hace efectivo en ninguno de sus efectores de salud, ya que además no existen en el distrito servicios gestionados por la provincia. La única salida para las mujeres, denuncian, es ir a abortar a otro municipio.
En este contexto, la integrante Martina Ferreto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Conurbano Norte aclaró la importancia de difundir la línea provincial 148 opción 3 para poder acceder a información, métodos anticonceptivos y aborto seguro “como una forma de reemplazar lo que en el municipio no se está dando”.
