La sesión comenzó a las 13 horas. El proyecto de reforma de la ley 27.453  obtuvo dictamen con 227 votos a favor, 2 negativos y 3 abstenciones. El siguiente paso es que el Senado lo trate y lo apruebe. Esto debería ocurrir antes del 29 de octubre, día en que se cae la protección a los barrios populares.

¿Por qué es importante que esos suceda? Porque de esta reforma dependen más de 5 millones de personas en los más de 5.600 barrios populares de todo el país.

Fernanda Miño, Secretaria Nacional de Integración Socio Urbana y presidenta del FISU, explicó que «la actualización de esta ley es un paso fundamental para consolidar esta política qie esta llevando grandes trasnformaciones a distintos barrios de todo el país a traves de obras de infraestructura, del programa Mi Pieza». Además, ratificó los procesos de integración sociourbana que se están llevando en los más de 5.500 barrios que existen al día de hoy en todo el país.

La fecha límite es el próximo 29 de octubre. Ese día se cumplen cuatro años de la sanción de la Ley 27.453 de Integración Sociourbana. La urgencia por obtener el sanción de la modificación es para frenar posibles desalojos en los 150 barrios que hoy tienen procesos judiciales iniciados. También en los 1.271 nuevo barrios populares nacidos en los últimos seis años, que todavía no fueron incorporados al RENABAP.

Pero, además, contar con este aval legal es dar estructura y recursos a la continuidad de los procesos de integración sociourbana que se lleva adelante en los más de 5.686 asentamientos a nivel nacional. La necesidad es «por todas las obras que están en marcha y las que están por llegar», repasó Miño.

El debate en la Cámara baja

En la Cámara baja la modificación del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana obtuvo 227 votos a favor, 2 negativos y 3 abstenciones. Durante su tratamiento, diputadas y diputados destacaron la construcción colectiva de esta norma y el protagonismo de los movimientos sociales y populares.

El legislador del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, consideró que la tierra es un tema clave en el país y que «los terratenientes y lo oligarcas no quieren que se discuta». Alderete indicó que «para entender por qué estamos discutiendo una modificación de esta ley hay que reconocer la tremenda crisis habitacional que vive nuestro país. Principal razón por la que crecen las ocupaciones de tierra para vivir en todo el país». El diputado agregó también que más de la mitad de las argentinas y argentinos no acceden al menos a un servicio básico.

Por su parte, Silvana Ginocchio, Diputada por el Frente de Todos por Catamarca destacó el carácter federal de la propuesta. «Acá hubo un rol presente y activo de los barrios populares y movimientos sociales. Es propuesta actualiza y mejora la ley y fortalece las políticas de manera integral y desde un enfoque multidimensional». También agregó que hablar de vivienda es hablar de un derecho humano. «Con este proyecto estamos dando un gran paso en cuanto a la integración con perspectiva de género«.

De 5.687 barrios populares que existen en el país al día de hoy, 1.271 dependen de la sanción de esta reforma. Se trata de aquellos barrios que se conformaron en los últimos años y que no están incluidos en el registro del RENABAP. A esto, hay que sumarle otros 150 que tienen procesos judiciales activos. De caerse el artículo 15 de la norma, avanzarían la acciones de desalojo para estos asentamientos.

Juan Marino, Diputado por el Frente de Todos en Buenos Aires, señaló que, a partir de esta ley sancionada en el 2018 al calor de la lucha de las organizaciones sociales, «hay vecinos y vecinas que lograron tener una conexión eléctrica, una conexión al agua, el mejoramiento de sus calles, las cloacas, construir una pieza, el baño o hacer el piso de su casa. Este proyecto consagra derechos para las vecinas y vecinos. Tenemos que lograr un presupuesto fijo para garantizar el financiamiento para esta política».

Precisamente, la Mesa Nacional de Barrios Populares reclama que el financiamiento de las obras sea a través de un porcentaje fijo del PBI en el Presupuesto Nacional. La Ley contempla como fuente de recursos los aportes del Tesoro Nacional, el impuesto país y el impuesto extraordinario a las riquezas. También los fondos provistos por organizaciones no gubernamentales u organismos internacionales. Además de los ingresos por legados y donaciones.

El proyecto de modificación prevé también declarar la emergencia socio urbana, ambiental y sanitaria por dos años. El objetivo es acelerar los procesos administrativos y poder avanzar con las obras de infraestructura.

Durante su intervención, el diputado Marino señaló la situación que se vive cotidianamente en los asentamientos. «Hay hambre. Los trabajadores y trabajadoras que no llegan a fin de mes. Este Congreso tiene que discutir iniciativas para defender los derechos de esos vecinos y vecinas de esos barrios. Necesitamos que el Ministerio de Economía instrumente rápidamente la prestación monetaria extraordinaria financiada con el dólar soja. También que aprobemos la reforma».

Antes de la votación, Natalia Zaracho, diputada por el Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires y vecina de Villa Fiorito, recuperó el relevamiento del RENABAP. «Fue muy importante para nosotros que vivimos en el barrio. Tener los números concretos permitió pensar una política pública que transforme la vida de vecinos y vecinas». Según explicó Zaracho, el relevamiento visibilizó cómo está feminizada la pobreza. «Quiénes se encargan de los cuidados y quiénes son las jefas de hogares».

La legisladora destacó que la ley permitió conseguir el Certificado Único de Vivienda. «Tener un certificado de vivienda permite algo tan básico como poder acceder a tener un DNI. El correo, cuando no tenés un domicilio, no llega. La ambulancia, el patrullero, la escuela… Para nosotros es muy importante este papel. Es un papel donde dice dónde vivo. Dónde viven mis hijos». A la vez, agregó que «hoy militamos una ley que garantiza derechos».