El lunes 24 de marzo el Gobierno Nacional anunció, a través de un comunicado oficial, la desclasificación de archivos pertenecientes a la ex-SIDE con detalles sobre el accionar de las Fuerzas Armadas en la última dictadura. Por otro lado, Casa Rosada publicó un video en el que abogó por “la historia completa”. Sin embargo, el anuncio no dejó claro el alcance de la medida ni la cantidad de material que supuestamente va a estar a disposición.

https://x.com/OPRArgentina/status/1904174949578817713

Pablo Llonto, abogado especializado en derechos humanos y con amplia experiencia en juicios de lesa humanidad desmintió la supuesta novedad del anuncio: “Es una mentira, todos los archivos de organismos estatales hace rato que están desclasificados”. Explicó que estos documentos han estado disponibles para la justicia mediante pedidos judiciales y, desde 2017, accesibles al público a través de la Ley de Acceso a la Información Pública (Nº 27.275).

Según Llonto, el anuncio responde a una estrategia discursiva del Gobierno: “Creo que es humo, sobre todo para su tribuna, para decir que van a encontrar detalles sobre los hechos cometidos por Montoneros, el ERP, etcétera, para llevarlos a la justicia”.

Si bien el Gobierno presentó la desclasificación de estos archivos, como una medida novedosa para facilitar el acceso público a estos documentos, ya existía el decreto 4/2010 promulgado por Cristina Fernández de Kirchner, el cual permitió la apertura de archivos a través de pedidos de información.

El acceso no implica que haya una página web de consulta, sino que se puede acceder a través de pedidos de acceso a la información pública.

Llonto: “Están gestando una serie de discursos que tienen puntos de similitud con la previa del golpe”

Llonto también analizó la postura del Gobierno Nacional este último 24 de Marzo: “Están gestando una serie de discursos y de acciones que tienen algunos puntos de similitud con la previa del golpe, esa cuestión de agitar la falsa hipótesis de que hay extremistas, terroristas, organizaciones vinculadas a destruir la democracia, etcétera. Entonces, cualquier persona que proteste y pegue un grito contra el gobierno quieren encuadrarla en esa categoría”.

El abogado participa hoy en día de tres juicios de lesa humanidad en la Provincia de Buenos Aires. “La justicia va muy lento y queda mucho por juzgar, calculamos que el 60% de las víctimas aún no tuvo juicio oral y que miles de represores todavía están sin identificar, estamos reclamando a la corte que acelere los juicios de lesa”. Además, agregó: “La celeridad es una cuestión de decisión política”.

Con juicios en curso y nuevas investigaciones en marcha, la lucha por la la memoria, verdad y justicia sigue vigente en Argentina. A 49 años de la última dictadura cívico-militar, las acciones del Gobierno bajo el lema de “historia completa” parecen desviar el eje del reclamo histórico.