Todos los caminos conducen al aeropuerto de El Palomar. El 6 de diciembre de 2018, el bloque Cambiemos en Morón aprobó mediante la ordenanza n° 19.276, la modificación del Código de Ordenamiento Urbano y habilitó el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios sobre el Barrio Aeronáutico de El Palomar, donde hoy 140 familias pelean por sus viviendas. Fue en una sesión escandalosa, en la que la oposición denunció irregularidades y el incumplimiento de una audiencia pública, según establece la normativa vigente. En ese momento, el concejal del Frente Renovador, Jorge Laviuzza había advertido en nota publicada en por este portal, que Cambiemos “primero se llevó puesta a la gente que vive ahí y para llegar a tomar esta determinación se han llevado puesto también la legalidad”, mientras que Florencia De Luca, edila por Unidad Ciudadana, explicaba que “de un día para otro, ellos introducen en el Concejo Deliberante este tipo de modificaciones que permiten esta clase de instalaciones y construcciones en la zona para generar lucro vinculado al desarrollo del Aeropuerto”. La aprobación por mayoría simple de la reforma del código de Ordenamiento Urbano valió una demanda ante la justicia de “no innovar” presentada por el concejal Laviuzza y su par Marcelo González, y contra el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, asociación ilícita, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos.

Recientemente, la jueza Mónica Luján López, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Morón, desestimó la cautelar y consideró no advertir que “los accionantes exhiban o hayan demostrado un perjuicio personal y directo causado por el procedimiento seguido para la sanción de la Ordenanza N° 9726/2018”. Con foco en el proceso de la norma, la magistrada argumentó que “los actores dada su condición de ediles, al pretender ingresar por esta vía en la admisión de legitimación identificada con el interés generalizado de todos los ciudadanos en el ejercicio de los poderes del gobierno, exorbita las atribuciones constitucionales conferidas al Poder Judicial, dañando las relaciones con los otras esferas de Poder y exponiéndolo a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares (CSJN “Mosquera”, sentencia del 3/IV/2003), circunstancia a todas luces improcedente por las graves consecuencias institucionales y constitucionales que ello importa”.

El dictamen ya fue apelado por la Dra. Claudia Sambró Merlo, abogada ambientalista, patrocinante de los ediles y que, además, lleva adelante más de diez causas contra el aeropuerto de El Palomar. “La Dra. López dijo que los concejales no tenían legitimación. Previo a eso se hizo una denuncia penal contra Ramiro Tagliaferro y todos los concejales que aprobaron y el Juez, a cargo del Juzgado de Garantías nº 3, el Dr. Robles, les dio la calidad a los concejales de participar como particulares damnificados. Es decir, que tienen derecho a hacer esa denuncia y a ser parte”, cuestionó la abogada en declaraciones a FM En Tránsito y agregó que “un legislador, ante un hecho de ilegalidad, tiene la facultad de presentarse ante la justica. Un delito cometido y tomado conocimiento el funcionario público tiene la obligación de ir a hacer la denuncia so pena de ser cómplice o partícipe necesario. El dictamen es un conjunto de disparates”.

Respecto a la modificación del COU, Sambró Merlo consideró que es unos de los pasos necesarios para la instalación definitiva del Aeropuerto de El Palomar para vuelos internacionales “con las amenities que requiere: hoteles, casinos y shopping” y se refirió a las irregularidades que sostienen la ordenanza. “Este expediente no solo tiene irregularidades sino también pidieron especialmente el dictamen del Tribunal de Cuentas de la Provincia. El dictamen siempre lo da la Asesoría General de Gobierno, nunca el Tribunal de Cuenta. A propósito llegaron al Tribunal de Cuentas, un organismo técnico en materia contable aunque opine sobre el ordenamiento urbano. Atravesaron la audiencia pública 123 y 127 del Reglamento Interno y no solo eso, presentaron una evaluación de impacto ambiental trucha como la que ya está denunciada y en trámite ante el Dr. Ariel Lijo. Le faltan fojas al expediente e hicieron una sesión atropellada que fue la número 23 extraordinaria. Entre gallos y medianoche, aprobaron esta ordenanza que va contra la vida de los vecinos, los que están en el barrio Aeronáutico y los que no”.

Imágenes extraídas @hsabbatella

Con la habilitación de la reforma del COU, podría avanzar el desalojo de 140 familias en el Barrio Aeronáutico de El Palomar. Las viviendas emplazadas allí, antiguamente Barrio Obrero, fueron construidas en 1950 para personal civil, retirado y extrainstitucional de la Fuerza Aérea. Los juicios por desalojos comenzaron en el 2012 y fueron impulsados por la propia Fuerza Aérea. En aquel entonces, el ex intendente de Morón, Lucas Ghi logró frenar la medida pero el conflicto se reavivó en el 2015, lo que motivó por parte de las familias apelaciones ante la Fuerza Aérea, a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, al Ministerio de Defensa, el Municipio de Morón y el Estado Nacional. Quienes viven ahí, no necesariamente prestan servicio en la actualidad. Según explicó Sambró Merlo, “muchos son jubilados y otros tienen un comodato porque pagan un alquiler” y alertó que las intimaciones llegan días antes, “viene un camión con soldados y te lleva las cosas. Esta gente tiene derecho a quedarse porque ya han pasado la habitación pacífica de más de 20 años”.

Hace pocos días, la oposición en Morón se unió en El Palomar para acompañar una movilización desde el Barrio Aeronáutico hasta las puertas de la Base Aérea. En declaraciones a Todo Otra Vez (lunes a viernes de 16 a 18 por En Tránsito), Walter Yorio, vecino del barrio, apuntó contra el intendente de Morón. “En su momento haciendo campaña para poder ganar las elecciones estuvo dentro del barrio compartiendo con familias, interiorizándose de la situación que nosotros teníamos y él fue el primero que dijo que cuando sea intendente, si este problema sigue existiendo él iba a ser el primero que iba a venir a quemar gomas con nosotros”, mientras reclamó al jefe comunal que los reciba. “Hace caso omiso y nos trata como si fuéramos militantes de la política, cuando nuestra intención no es hacer este tipo de manifestación porque tampoco estamos acostumbrados, pero nos vemos obligados ante esta situación, ya que hoy por hoy, nos estamos quedando sin casa”.