El Ministerio de Salud de la Nación presentó un nuevo proyecto que hace hincapié en que la actual Ley de Salud Mental N°26.657 «no funciona adecuadamente, sobre todo para el abordaje de los trastornos severos». En este contexto, durante el Congreso Provincial de Salud (CoSaPro), realizado en Mar del Plata, autoridades sanitarias de 18 provincias expresaron su rechazo a las modificaciones.
En el encuentro participaron representantes de La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis.
Desde estas provincias, emitieron un documento conjunto en el que manifestaron su descontento con el proyecto de reforma de la Ley y expresaron que la iniciativa del gobierno nacional “implica un retroceso en materia de derechos al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras al acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación, y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente”.
En paralelo al CoSaPro, también se desarrolló una asamblea entre autoridades bonaerenses y representantes de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, donde se ratificó el rechazo a la reforma y se respaldó el documento titulado “Lineamientos para las políticas públicas de Salud Mental y Consumos Problemáticos en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires”.
En diálogo con FM En Tránsito, la psicóloga y subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels, explicó que la nueva propuesta anula el artículo vinculado a la responsabilidad del Estado nacional en el financiamiento de las provincias. Además, advirtió que exige la presencia de un médico psiquiatra en las internaciones o en la conformación de equipos interdisciplinarios, lo cual “es una barrera de acceso a la atención, porque no hay posibilidad de garantizar eso en el país”.
En este sentido, la profesional señaló que “es muy indignante la falta de responsabilidad económica, técnica y de conocimiento del propio sistema de salud que tiene el gobierno”. Asimismo, comentó que en un informe , elaborado junto a otras provincias, se muestra que en el último año hubo un aumento del 77% de las internaciones en el área y que no hay ningún otro fenómeno de la salud mental, salvo la pandemia, que muestre esas características.
¿Qué cambios plantea la nueva Ley de Salud Mental?
Entre sus principales modificaciones el proyecto plantea que, para la internación -incluso involuntaria- ya no se evalúa solo el momento de la entrevista, sino que se adopta un criterio situacional. Se debe considerar la ocurrencia previa de hechos dañinos y la evolución previsible si no se realiza el tratamiento. Además, prevé que el médico psiquiatra pueda indicar la internación involuntaria en casos urgentes, la cual deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en 24 horas, y el plazo de notificación judicial se extenderá de diez a veinticuatro horas.
Si una internación voluntaria supera los 60 días, el juez debe intervenir para evaluar si debe pasar a ser considerada involuntaria.
También plantea la obligación de cuidado familiar: se establece que la asistencia económica no exime a los familiares del deber de cuidado y acompañamiento. La familia tiene la obligación de presentarse al momento del alta para formalizar la salida. A su vez, al final de una internación involuntaria, el equipo puede pedir al juez medidas para favorecer el tratamiento ambulatorio por hasta 6 meses.
Para cualquier internación (voluntaria o involuntaria), es requisito indispensable que uno de los profesionales que la determine sea médico psiquiatra.
Por otro lado, se propone fortalecer una red de atención en salud mental de distintos niveles de complejidad, que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios y residencias asistidas.
