Pasar de corregir exámenes a manejar para una aplicación de transporte se volvió la rutina de supervivencia para cientos de trabajadores universitarios que hoy no llegan a fin de mes. Esta realidad es el reflejo de un sector donde los salarios perdieron un 34% de su poder adquisitivo. En este contexto, este martes 12 de mayo se realizará la cuarta Marcha Federal Universitaria, con una movilización masiva a Plaza de Mayo para exigir que la Ley de Financiamiento se aplique de forma efectiva.

Según un informe de Chequeado, desde que Javier Milei es presidente los salarios docentes cayeron un 34% en términos reales. En diálogo con FM En Tránsito, Juan Manterola, docente de Historia en la Universidad Nacional de General Sarmiento, relata cómo vive en carne propia esta degradación salarial con un ingreso que ronda los $250.000: «Son salarios todos por debajo de la línea de pobreza, mi sueldo está congelado hace un año». Como su salario es tan bajo, lo que cobra Juan todos los meses es la garantía salarial -el mínimo impuesto para que cobren los trabajadores del sector-. Debido a que los aumentos no le ganaron a la inflación, su sueldo nunca superó esa garantía salarial, por lo que se mantuvo igual en los últimos 12 meses. 

El pluriempleo como último recurso frente a la precarización

«Desde octubre del 2024 empecé a trabajar de Uber. Salgo con mi auto los viernes y sábados a la noche aprovechando ese horario pico para poder llegar a fin de mes», detalla Manterola. Para el historiador, ser conductor no fue una elección para el ahorro, sino un mecanismo de subsistencia. «No lo hice pensando en cambiar el auto o hacer un viaje groso; era simplemente para llegar a fin de mes, para cortar con que a partir del día 20 tenés que empezar a pasar la tarjeta o pedir prestado plata a un familiar», afirmó.

Cristian Cairoli, trabajador nodocente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, también debió volcarse a las aplicaciones para intentar sostener su hogar. Sin embargo, advierte que el pluriempleo ya no es una garantía de estabilidad, porque «estoy 12 o 13 horas fuera de casa y la guita no alcanza». Lo que comenzó como un respaldo económico hoy se vuelve insuficiente ante el aumento de los costos fijos, ya que «desde el día 10 o el 15, la plata de mi sueldo se me acaba por la nafta y vivo con la de Uber. Vivo tirando el día a día».

Según Cairoli, la necesidad obliga a recurrir a cualquier recurso para subsistir. «Todos los compañeros, nodocentes y docentes, están vendiendo ropa, perfumes o huevos; cualquier cosa para sacar un mango más», señaló. «No puede ser que el laburo informal pase a ser más importante que el formal», remarcó el trabajador nodocente.

Cuarta Marcha Federal Universitaria

Frente al escenario de ajuste, Manterola percibe que la institución académica atraviesa un «momento bisagra» donde se vuelve a discutir el modelo de educación superior en Argentina. A pesar de que la realidad cotidiana resulta «híper angustiante desde el punto de vista personal», el historiador encuentra un refugio en la capacidad del sistema universitario para funcionar como un «pegamento para unir otras luchas» que la sociedad no está dispuesta a abandonar.

Para el docente de la UNGS, la disputa actual trasciende lo salarial para convertirse en una defensa del progreso nacional: «La universidad pública es un derecho individual porque permite que cada uno pueda progresar, pero también es un derecho colectivo; la sociedad necesita mejores médicos, historiadores y programadores». En este sentido, Manterola sostiene que, pese a las intimaciones del poder ejecutivo frente a las medidas de lucha, el respaldo popular garantiza un horizonte de victoria: «Es una discusión que vamos a ganar porque la historia del pueblo argentino demuestra que la universidad significa ascenso social».

Bajo esa premisa de defensa histórica, la comunidad universitaria volverá a las calles: este martes 12 de mayo se realizará la cuarta Marcha Federal Universitaria para exigir la aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La movilización masiva reclama contra la suspensión de la norma por parte del Ejecutivo nacional, que ha paralizado la recomposición de los salarios y el fortalecimiento de las becas estudiantiles establecidos por ley. Con réplicas en todo el territorio nacional, Buenos Aires tendrá su acto central en Plaza de Mayo a partir de las 17:00.

¿Qué es la Ley de Financiamiento Universitario?

La Ley de Financiamiento Universitario (27.795), vigente desde octubre de 2025, busca proteger el sistema universitario público. Su objetivo es actualizar los presupuestos de funcionamiento y recuperar el poder adquisitivo de los salarios frente al avance de la inflación. La ley también establece la obligación de fortalecer los programas de becas estudiantiles y asegurar la convocatoria a paritarias.

Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la inversión en las universidades nacionales tuvo una caída real del 29% entre 2023 y 2025, lo que representa el nivel más bajo desde 2006. Frente al argumento oficial de la falta de fondos, el informe de ACIJ expone una contradicción en las decisiones fiscales del Gobierno. Mientras la aplicación de la ley requeriría una inversión de unos $3,6 billones a precios de este año, el Estado dejó de percibir $5 billones en el transcurso de dos años tras la decisión del Ejecutivo de reducir el impuesto a los Bienes Personales.

A pesar de su promulgación, el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de la ley argumentando que no explicitaba las fuentes de su financiamiento. Ante esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional promovió una acción de amparo colectivo, logrando que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 dictara una medida cautelar en diciembre de 2025 para cumplir con la recomposición de salarios y becas. Si bien esta decisión fue confirmada por la Cámara Federal en marzo de 2026, la ejecución de la medida se encuentra suspendida actualmente mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación adopta una decisión final.

En este escenario de estancamiento institucional, Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), apeló a la movilización masiva de la Marcha Federal Universitaria como herramienta para destrabar el conflicto: “Si no vale lo que ordena la justicia en su competencia para que esa ley se cumpla, que valga la voz del pueblo de la nación para conmover las respuestas que hacen falta”. Para el titular del CIN, la convocatoria del 12 de mayo debe ser un reclamo de la sociedad en su conjunto para garantizar los recursos mínimos indispensables que el sistema universitario y científico necesita para funcionar y resolver los problemas actuales.