[Revista Güarnin! n° 120. Por Romina Coluccio y Belén Tenaglia]
“Todas las medidas tienden a dar trabajo. A que esa maquinaria se ponga en marcha”, dijo Mauricio Macri al cumplirse sus 100 primeros días de gestión. Despidos, retracción de la economía y represión a lxs trabajadorxs. Una máquina a la que le falta el combustible para arrancar.
El intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, inauguró su mandato con 250 despidos. Lo mismo que sucedió en otros distritos gobernados por Cambiemos. “Hemos resuelto no renovar los contratos temporales de 176 personas porque no reúnen las características para trabajar según los lineamientos de nuestra gestión”, admitió a FM En Tránsito el Subsecretario de Legal y Técnico del Municipio de Morón, Christian Herrera, luego de la sesión extraordinaria en la que el gobierno local dio explicaciones sobre la ola de despidos. En el mes de noviembre, para no cortar la racha, se sumaron nuevas bajas en el área de Niñez y Juventud. “Nos llama la coordinadora, Leonor Moreira, y nos cita en el Jardín provincial 912. Cuando empiezo a preguntar, me doy cuenta que nos habían despedido. Sólo llamaron a los que veníamos trabajando desde la gestión anterior”, cuenta Paula Smilges, antropóloga y trabajadora despedida del Centro de Desarrollo Infantil “Atrapa sueños” del Barrio Carlos Gardel. Desde el oficialismo la concejala Analía Zappulla argumentó que “la explicación que dan los directores es que no cumplía la tarea que se encomendaba. No son trabajadores que tuvieran una relación de planta permanente con el municipio así que no se les renovó el contrato”.
El plan de achicar el Estado tuvo su correlato en el Hospital Posadas con 600 trabajadorxs despedidxs. Karina Almirón, congresal de la CTA autónoma, alertaba que “se está haciendo una campaña mediática para permitir el vaciamiento en la salud pública”. Luis Lichtensztein, dirigente de CICOP Posadas, denunció la privatización de distintas áreas del hospital y anticipó que “hay 2 mil contratados en el Posadas que podrían ser los próximos despedidos”. El episodio del resonador magnético, la silla de ruedas y la acusación de sabotaje fueron la punta de lanza para lo que vendría después.
Coherente, hacia mediados de julio, lxs trabajadorxs de la vía pública fueron desalojados en el centro de Morón. “Efectivos policiales cercaron la Plaza La Roche y comenzaron a decomisar la mercadería de los compañeros”, denunció Gonzalo Dignani, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. “Lo que vimos en Morón fue un intento de parte de Tagliaferro de limpiar las calles”, alertó Gustavo Zapata, Secretario General de la CTA Morón, Ituzaingó y Hurlingham. Según un relevamiento del gobierno local, se registraron 360 vendedorxs ambulantes. “Muchos de los que habían sido expulsados en Capital Federal emigraron a Morón para la época de las fiestas”, explicó Zappulla. En un comunicado, el Ejecutivo de Morón se refirió al conflicto como “el accionar de grupos violentos que buscan extorsionar al Gobierno que encabeza el Intendente Ramiro Tagliaferro”. En agosto, la oposición en el Concejo Deliberante rechazó una propuesta del oficialismo que proponía reinstalar a los vendedorxs callejerxs sobre la calle Sarmiento. La solución desconoció la causa Solari Antonio Miguel c/municipalidad de Morón s/daños y perjuicios” Nº 51.713, demanda en la que el que el Juzgado 10 de Morón hizo lugar y la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones ratificó en febrero de 2006. El conflicto con los manteros está latente. Lxs trabajadorxs ambulantes volvieron a las calles de Morón y, nuevamente, en los primeros días de noviembre, el gobierno de Tagliaferro desplegó a las fuerzas en un operativo de desalojo.
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La vicepresidenta Gabriela Michetti hacía el cálculo. “Si hay dos mil ñoquis en el Senado, se van a tener que ir”. Sin esperar las auditorías que ella misma había prometido, firmó el decreto que ordenaba despidos en el Senado y abrió la puerta a 70.749 pérdidas de puestos laborales entre diciembre y septiembre, según el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA). Ya para el primer trimestre de 2016, de acuerdo al INDEC, la tasa de desempleo en el sector público y privado escaló del 6,3 al 9,6% y, en el conurbano la cifra rondó los 11,2%. Mientras, la ministra Patricia Bullrich ponía en marcha el Protocolo de Seguridad que limita la protesta social y Macri vetaba la Ley de Emergencia Laboral que frenaba por 180 días los despidos y suspensiones.
La ecuación se repite en el ámbito privado. El CEPA registró un aumento del desempleo del 66,81%, entre diciembre y septiembre. La paralización de las obras públicas pone al sector de la construcción a la cabeza de esas cifras con 59.618 pérdidas de puestos y suspensiones, seguida por la metalúrgica (4.968), el automotriz (8.190), el petrolero (5.354), la electrónica y electrodomésticos (2.648 despidos y 1.370 suspensiones). La apertura de las importaciones sumada a la caída del consumo local (5,2% para el mes de octubre según la Fundación Germán Abdala), hace que la industria textil lidere el noveno mes del año con 1.876 despidos y 7.020 suspensiones. La Red Textil Cooperativa advirtió una caída en el rubro del 35%.
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El sábado 12 de noviembre, empleadxs de la empresa mexicana Coopel se manifestaron en el centro de Morón. Silvio Mastroianni, Secretario Gremial de la CTA regional, denunció que “las condiciones políticas del país hacen que no vendan y hoy se desquitan con los compañeros”. La cifra de despidos y suspensiones alcanzó los 3.691 para el comercio.
“En mi rubro, bicipartista, le echábamos la culpa al clima porque no paraba de llover. El calor comenzó y las ventas siguen bajando”, analizó Favio Dones, Vicepresidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina y empresario Pyme de Morón. La pérdida del poder adquisitivo, los despidos, la devaluación y la apertura de las importaciones impactan en una retracción del consumo interno y se traduce, inevitablemente, en más desempleo. “Y de parte de gobierno, cada vez que abren la boca tiran más desesperanza”. Así la máquina no va a arrancar.
