[Revista Güarnin! n° 120. Por Mariano Civitico] 

La gerencia electoral Cambiemos se hizo con el gobierno nacional, provincial y municipal cumpliendo lo que había prometido. Al menos, en materia de Derechos Humanos. Con un giro de 180º en esta política, se trata de una preocupante vuelta a oscurantistas épocas. Una restauración conservadora.

Durante este 2016, también en materia de DD.HH., el gobierno Cambiemos llevó adelante una batalla cultural para recuperar el terreno que habían perdido durante el período kirchnerista. No sólo se reconfiguró el rol del Estado en cuanto a políticas públicas, sino que también se volvieron a disputar significados, buscando atentar contra consensos construidos gracias a tantos años de militancia de las organizaciones.  

El riesgo de esta avanzada reaccionaria se traduce en la posibilidad concreta de encontrarnos con una situación de complicidad estatal para con criminales, con instituciones que no sancionen el terrorismo de Estado y con genocidas libres que no paguen las condenas correspondientes.

Para cuando se reanudaron los quince juicios por delitos de lesa humanidad que se desarrollaron durante este año, ya Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, criticaba duramente lo que considera un desmantelamiento de distintos programas relacionados a políticas de DD.HH.

En la misma dirección apuntó María Rosa Gómez, Licenciada en Comunicación y docente universitaria, advirtiendo “un claro riesgo de la continuidad de la políticas de memoria implementadas a fuerza de atender el reclamo de los organismos y las víctimas”. Observó, con preocupación, que se desarticularon áreas vinculadas a los juicios de lesa humanidad. Lo que terminó configurando un “estado de alerta y alta preocupación”.

El alerta no fue paranoia y la preocupación se concretó. Así quedó demostrado, por ejemplo, con el caso del torturador y genocida Miguel Etchecolatz, cuando el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata le concedió el favor de la prisión domiciliaria, a pesar que el Cuerpo Médico Forense había determinado que podía permanecer detenido en el penal de Ezeiza. Así lo explicó Guadalupe Godoy, abogada de la familia de Jorge Julio López: “Hubo un cambio radical del tribunal este año a la par del desmantelamiento de las estructuras del Estado que aportaban a los juicios. Los mismos apellidos que llevamos o intentamos llevar a juicio por delitos de lesa humanidad hoy están en el gobierno nacional. Ahora son lo que detentan espacios de poder que les permiten influenciar muchísimo más que antes”.

Precisamente, es a partir de la injerencia de los responsables civiles de la última dictadura en el gobierno que el Estado tomó otra actitud en los juicios. Así lo entiende Horacio Pietragalla, nieto recuperado y actual Secretario de Derechos humanos de la provincia de Santa Cruz, que argumentó que el gobierno nacional “resguarda información que pueda ser perjudicial para personas que ellos consideren parte de su gabinete, parte de sus aportantes. No nos olvidemos que tenemos causas emblemáticas como la causa Ledesma, la causa del Ingenio Blaquier. Hoy un Blaquier es parte del gobierno de Mauricio Macri”.

Esta restauración conservadora, que ha querido instaurar nuevamente la teoría de los dos demonios con las impresentables declaraciones del hasta ese momento Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, o ha buscado desprestigiar el trabajo de las organizaciones cuestionando el numero de desaparecidos como lo hizo el actual Secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, tiene su expresión local en el gobierno de Ramiro Tagliaferro.

Pedro Dinani, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, es tajante al describir la situación del municipio: “Es un cambio de paradigma, no por cambio bueno. Es preocupante lo que está pasando en Morón. La nueva política que intentan implantar, que es una no política, es el desprecio a los derechos humanos y a la lucha por los derechos humanos.”

Si bien el intendente macrista prometió continuar las políticas públicas de DD.HH., esto no se ha traducido en algo concreto, quedando sólo en el plano discursivo. De acuerdo a Beatriz Neira, integrante de la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, Cambiemos ni siquiera mantuvo en condiciones el Espacio Mansión Seré. Neira denunció un deterioro del lugar, del cual hizo plenamente responsable al Director de Derechos Humanos, Francisco Mones Ruiz, quien se había comprometido a su cuidado.

Otra incoherencia entre lo dicho y lo hecho por parte del gobierno local fue haber convertido una parte del Espacio Mansión Seré, sin previo diálogo ni consenso, en una casa de atención a víctimas del delito. Ya sea por desconocimiento o malicia, esta decisión equipara, por lo menos desde el espacio físico que se hace compartir, los delitos imprescriptibles de lesa humanidad cometidos desde la estructura represiva del Estado en el marco de un plan genocida con la criminalidad contra las personas y la propiedad privada.

Hasta el Hospital Posadas, con su problemática tan propia, fue víctima del nuevo paradigma en materia de DD.HH. Lxs siete trabajadorxs que conformaban la Dirección de Derechos Humanos del hospital, constituida en julio del año pasado, fueron despedidos. Para Gustavo Moreno, ex Director, esto significa “directamente un desmantelamiento de esa Dirección”, con la consecuente imposibilidad de “perseguir los objetivos que se habían planteado.”

No faltaron tampoco las muestras de imposición de reconciliación que pretende el gobierno municipal para la sociedad. De forma unilateral se quiso realizar la promesa a la bandera de lxs niñxs del partido en un ex centro clandestino de detención y tortura como es la Base Aérea de Morón. Esto se pudo evitar por el repudio masivo de la comunidad educativa del distrito.

Ante el panorama de un gobierno que parece más preocupado por ser “derecho y humano” que por cuidar los Derechos Humanos, el faro que guía la búsqueda de memoria, verdad y justicia sigue estando en personas como Nora Cortiñas, quien nos recuerda que “la ausencia sigue, la memoria sigue, y el recuerdo sigue todos los días. Esto no termina por decreto ni por imposición”.