Tras la aprobación de la modificación a la Ley de Glaciares en Cámara de Senadores y Diputados, crece el rechazo social a una reforma que afecta reservas estratégicas de agua dulce fundamentales para la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria, la generación de energía, la conservación de ecosistemas y el abastecimiento de agua potable.
La campaña de firmas ya alcanzó las 867.082 adhesiones y tiene como objetivo llegar al millón, en un intento por frenar la aplicación de la nueva normativa.
Además, luego de la votación en la Cámara de Diputados, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó un amparo junto a una medida cautelar ante la Justicia Federal de esa provincia. En su presentación, sostiene que la reforma vulnera la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales.
Por otro lado, horas después de que entrara en vigencia la adecuación de la Ley de Glaciares tras su publicación en el Boletín Oficial, la Justicia Federal de Río Gallegos ordenó suspender la aplicación de la reforma de la Ley 26.639 en la provincia de Santa Cruz, al dar lugar a una acción de amparo ambiental y dictar una medida cautelar con efectos inmediatos.
En su fallo, el magistrado dispuso la “suspensión de los efectos de la reforma de la Ley 26.639 en el ámbito de la provincia de Santa Cruz”, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.
También es destacable que el proceso de reforma tuvo irregularidades: en la audiencia pública convocada no se garantizó una participación real ya que más de 100.000 personas se inscribieron, pero menos de 300 pudieron intervenir. Entre las que pudieron expresarse, muchas denunciaron que la reforma responde a intereses del lobby minero que favorece el avance de proyectos extractivos, no se trata de un ajuste técnico, sino de una modificación que podría abrir la puerta a la degradación de reservas hídricas clave, en contradicción con evidencia científica y marcos legales vigentes. Otro punto clave es que los glaciares responden a límites naturales y no políticos, motivo por el cual la regulación debe ser de alcance nacional y no debería atribuirse poder de decisión sobre estas zonas a cada provincia.
La Ley de Glaciares Argentina, sancionada en 2010 y reglamentada en 2011, establece la protección de los glaciares como bienes públicos estratégicos. Prohíbe actividades mineras, industriales y obras de infraestructura que puedan afectar su función natural. Especialistas remarcan que un glaciar destruido no se recupera.
La convocatoria para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Glaciares sigue abierta, quienes deseen sumarse a la demanda colectiva pueden hacerlo a través de https://www.demandacolectivaglaciares.org
