Vecinos del Barrio Aeronáutico de El Palomar volvieron a denunciar intentos de desalojos. En las últimas semanas comenzaron a llegar intimidaciones. Las y los habitantes del lugar están en estado en alerta y se reaviva un conflicto que ya tiene larga data. Además, denunciaron que a uno de los vecinos se le incendió la casa y perdió todo.
Walter Yorio es vecino del barrio. En declaraciones a Todo Otra Vez (lun a vie por FM En Tránsito) contó que él es uno de los que recibió una demanda y carta que respalda un inminente desalojo. «Otras vecinos están en la misma situación. Prácticamente estamos con un pie afuera«. De 300 familias que estaban en esta situación cuando comenzó el conflicto, hoy quedan cerca de 15.
No es la primera vez que los vecinos denuncian esta situación. Los juicios por desalojos comenzaron en el 2012 y fueron impulsados por la propia Fuerza Aérea. «En ese tiempo empezaron a llegar cartas documentos intimando a los vecinos a dejar la vivienda en un plazo máximo que de 48 horas. Imaginate que te encontrabas con una notificación venía de la administración del barrio sin ningún tipo de argumento», repasa Yorio. Se configuraba así un escenario donde se anulaba toda posibilidad de esgrimir una defensa, dilatar el plazo o llegar a algún acuerdo.
En estos días además, un vecino perdió todo a raíz de un incendio. «Lo venían presionando para que deje la casa. Tuvo la mala suerte que se le prendió fuego y perdió absolutamente todo. Tuvimos que asistirlo a él, a la mujer y a un familiar más que vivía con él. Luego de eso se tuvo que presentar en el edificio Cóndor en donde tuvo una tuvo una citación por su destitución. Contó sobre la situación de su vivienda y lamentablemente le dijeron que la destitución seguía su cargo. La situación es que no hay ningún tipo de contemplación». Además de los intentos de desalojos, la Fuerza Aérea avanza con destituciones.
En el 2015, los intentos de desalojo volvieron a ser noticia. En este caso, el conflicto se reavivó de la mano de la construcción del Aeropuerto de El Palomar, uno de los proyectos que Cambiemos impulsó con fuerza pesa a la resistencia de la comunidad. El Concejo Deliberante dio via libre a la avanzada contra el barrio a través de la reforma del Código de Ordenamiento Urbano 19.276/18. En este tiempo, hubo apelaciones de las familias ante la Fuerza Áerea, la AABE, el Ministerio de Defensa, el Estado Nacional y el Municipio de Morón. También hubo deuncias penales y pedidos de informe dirigidas hacia el por entonces intendente Ramiro Tagliaferro.
En junio de 2022, los vecinos denunciaron «desalojos encubiertos» como modus operandi. “El problema es que ya empezaron a hacer intimaciones y meterse con el bolsillo de las personas. Lo hacen a través de cuestiones propiamente de la Fuerza. Destituyen al personal y eso siginifica quitarles los haberes o la obra social. Ante esa situación, no queda otra opción más que irse”, había alertado por ese entonces Yorio. Coincide esto con lo ocurrido con el vecino al que se le quemó la casa. «Ese es el procedimiento que viene tomando al Fuerza Aérea. Hasta que no logren el fin que es quedarse con las casas van a seguir existiendo juicios por desalojo y juicios por destitución. Lógicamente mucha gente no quiere tener inconveniente y se termina yendo. De una u otra forma, lo terminan logrando».
Ley de facto y la crisis habitacional
Las viviendas emplazadas en lo que hoy se conoce como Barrio Aeronáutico, antiguamente Barrio Obrero, fueron construidas en 1950 para personal civil, retirado y extrainstitucional de la Fuerza Aérea. El predio está compuesto por 300 casas. A pesar de las reiteradas presentaciones que las y los vecinos hicieron ante el Estado nacional y el Ministerio de Defensa, los intentos de desalojo se amparan en la Ley 17.091 sancionada en diciembre de 1966, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.
En su artículo 1°, la norma establece que «en los casos en que se hubiere otorgado la concesión de inmuebles de propiedad del Estado […] para el desarrollo de actividades lucrativas o prestación de servicios de esta índole o cualquier otra actividad u objeto, una vez vencido el plazo pactado o declarada su rescisión por la autoridad administrativa, el concesionario deberá restituir los bienes dentro del término de diez (10) días corridos». En caso que esto no suceda, la autoridad competente podrá requerir a la justicia el inmediato desalojo. »
Al día de hoy, casi 20 familias están en situación de perder su casas y quedar en la calle. Aunque no hay certezas, una opción es que las familias habiten algunas de las viviendas del PROCREAR que se construyen en El Palomar. En paralelo, acción social del Municipio de Morón asiste a las y los vecinos. «Toda la familia que vive acá adentro no tiene una propiedad. No tiene la posibilidad de poder irse porque es su única vivienda. No hay otra salida más que seguir resistiendo».
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